Poco nos sorprendieron las revelaciones del ex director de la normal de Ayotzinapa, Jaime Solis Robledo, quien asegura -en su libro Ayotzinapa y yo- que al interior de la escuela se presentan varios delitos, como el consumo y tráfico de drogas.
Solís Robledo denuncia en el libro el acoso sexual y la violencia física que sufren los alumnos por parte del Comité Estudiantil -que es quien mantiene el control interno de la normal-, al no someterse a sus órdenes.
Además, afirma que ese Comité Estudiantil -que hace las veces de gobierno- es el mismo que habría mandado a los 43 alumnos de nuevo ingreso a realizar la colecta, la noche del 26 de septiembre.
“Para el envío de contingentes estudiantiles en apoyo a las movilizaciones de inconformidad, el comité estudiantil ordena que se vaya un grupo o todos los grupos de tercer semestre, por ejemplo, o de primero (caso Iguala), quinto o séptimo […]. En la escuela quienes mandan son los alumnos […]. Ninguna autoridad puede intervenir en ese ámbito”, reiteró Solís al periódico La Razón.
¿Qué van a decir los defensores del movimiento de los 43 ante estas pruebas?
¿Saldrán a decir, de nueva cuenta, que se trata de una campaña de desprestigio y criminalización?
Porque cabe recordar la semana pasada los voceros de ese movimiento, aseguraron que existía una campaña mediática para desprestigiar a los desaparecidos.
Las evidencias ahí están, narradas por un testigo que presenció actos vandálicos durante su gestión pero que en su momento no denunció por el consejo de colegas, que advirtieron peligro ante la situación.
¿Qué nos dirán ahora? ¿Por qué la CIDH y su grupo de expertos no investiga este caso?
