Suponga, apreciado lector, que el 15 de diciembre, el Presidente López Obrador, ya instalado en la oficina que corresponde al titular Ejecutivo Federal, descubre por sí mismo o le hacen llegar información acerca de irregularidades o, llanamente, de actos de corrupción que evidentemente violentan las leyes en materia administrativa y que constituyen delitos tipificados en el Código Penal Federal.
¿Qué hace en este caso el presidente de la República?
Tendría que decidir sobre dos alternativas: la primera sería recurrir ante la Fiscalía (dependa o no de él) para presentar una denuncia y pedir que se actúe conforme a la ley, esto es, que se abra una carpeta de investigación y, si de las actuaciones se desprende que efectivamente hay conductas presumiblemente constitutivas de delitos, entonces se consignará ante el juez correspondiente para que éste proceda e inicie un procedimiento de juicio. A esto es a lo que está obligado, constitucionalmente, el presidente de la República.
La segunda alternativa sería “perdonar para que no haya necesidad de que le perdonen a él”…
Para López Obrador, al imperativo ético y constitucional existe alternativa, que es la moral y la política.
Dice el presidente electo que no investigará, no evidenciará y no perseguirá a quien haya cometido delitos porque “no quiere voltear la vista atrás”.
Pero seamos más explícitos: Supongamos que el futuro presidente Lope Obrador encuentra que en las obras del ferrocarril CDMX- Toluca existen evidencias claras de qué hay maquinación fraudulenta de funcionarios de la SCT con algunas de las empresas constructoras, lo que le cuesta al erario público varios cientos o miles de millones de pesos. En este ejemplo, supongamos que los funcionarios involucrados son integrantes del que fue gabinete de Peña Nieto. La información que tiene en sus manos López Obrador es tan diáfana que no deja lugar a dudas para concluir que es un gran fraude.
Y por lo tanto solo tendría que presentar la debida denuncia y estar dispuesto a los requerimientos del Ministerio Público.
Esto es lo que debe hacer el presidente no solo por imperativo ético al que está obligado según su persistencia para convencernos de su pulcritud en el manejo de recursos y de su indeclinable convicción de castigar a los corruptos, sino además por un imperativo constitucional que le obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes.
Si así no lo hiciere, el pueblo debiera demandárselo y las autoridades correspondientes, en su caso, sujetarlo a un proceso judiciales por alterar el funcionamiento de la administración pública y por permitir el daño patrimonial al estado mexicano.
Así, este tipo de omisión, no solo es cuestionable desde la perspectiva ética, sino además desde la perspectiva elemental de que el presidente está obligado, al margen de sus convicciones morales o sus intereses políticos, a cumplir con la ley.
De no hacerlo entonces él es, para hechos prácticos, una persona que delinque y que además lo hace consciente y dolosamente. Es consciente de ello, pues lo dice en una reunión en la cual anuncia el programa de entrega de recursos a los jóvenes sin empleo y sin escuela.
No delinque inconscientemente, lo hace con plena convicción de que sobrepone su moral a la ley.
Su visión moral y política sobre la administración pública es claramente contraria a la Constitución y a las obligaciones que ésta le impone al encargado del Ejecutivo Federal, por lo que López Obrador pretende imponer su moral y sus intereses políticos por sobre los mandamientos constitucionales, en otras palabras, sus mandamientos morales sobre los imperativos constitucionales.
Esta actitud es cuestionable desde la perspectiva de la ética pública y desde la perspectiva del funcionamiento del Estado constitucional democrático de derecho.
Como es evidente, López Obrador anuncia que delinquirá por omisión, ya que, si conociendo de la existencia de conductas posiblemente constitutivas de delitos relacionados con actos corrupción, los ignora en causa de razones políticas, morales e, inclusive, religiosas.
