Andrés Manuel López Obrador nunca ha mostrado respeto por el máximo tribunal de nuestro país. Cuando era candidato, en febrero de 2018, llamó a los ministros “maiceados y alcahuetes”. En mayo preguntó: “¿Saben algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México? ¿Se han enterado de algo que hayan hecho a favor del pueblo? Nada”.
Los cuestionamientos del ahora Presidente a los sueldos y a los fallos de los ministros han generado un ánimo de linchamiento. Desde hace dos meses se mantiene un plantón que bloquea la entrada principal del edificio de la Corte. El 13 de diciembre, el director de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Camargo, fue agredido fuera del edificio por manifestantes que pensaron que se trataba de un ministro.
López Obrador se congratuló hace unos días por haber intervenido para cambiar una decisión de la Corte: el amparo promovido por Beatriz Sánchez Navarro Redo, exaccionista de Grupo Modelo, quien reclamaba la devolución de un pago de impuesto sobre la renta de 47 millones de pesos (el Presidente habló de 35 mil millones de pesos) por no haber sido parte del grupo de control de la cervecería en el momento de la venta a AB Inveb. El proyecto de sentencia del ministro Eduardo Medina Mora, que concedía el amparo, fue desechado en la Segunda Sala por 4 votos a 1. Se ha pedido a otro ministro la redacción de un nuevo proyecto.
Que el Gobierno argumente lo que convenga a sus intereses ante la Corte es legal y correcto, pero presionar a los ministros para cambiar un fallo no lo es. No está claro que el proyecto del ministro Medina Mora haya sido desechado por presión del presidente, pero es inquietante que López Obrador piense que tiene la facultad de ordenar fallos a la Corte.
La Oficina de la Presidencia parece estar interviniendo en la Corte en otros temas. El consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, promovió la candidatura de Arturo Zaldívar y ayudó a convertirlo en el primer ministro sin carrera judicial en llegar a la presidencia de la Corte en tiempos recientes. En principio esto no tendría que ser incorrecto. Los gobiernos siempre han cabildeado a favor de algún u otro candidato, pero los ministros votan en libertad. Más inquietantes son las afirmaciones de que Scherer pidió a Zaldívar que exigiera la renuncia de Janine Otálora a la presidencia del Tribunal Electoral en represalia por la ratificación del triunfo de Martha Erika Alonso en la elección de Puebla de 2018.
La importancia del presidente de la Corte en el Pleno es relativa. Los votos de los 11 ministros son en principio iguales; el voto de calidad solo se da después de varios empates. Sin embargo, el ministro presidente es también cabeza de la Judicatura Federal y desde ahí tiene una influencia decisiva en la conformación de todo el Poder Judicial.
El presidente López Obrador, que ya controla el Ejecutivo y del Legislativo, está buscando dominar también el Judicial. El nuevo ministro Juan Luis González Alcántara, quien previamente participó en la terna para elegir al fiscal general, es muy cercano al presidente. La terna para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos está formada también por tres mujeres muy alineadas con el presidente. Al parecer, la forma de lograr que la Corte no esté “maiceada” es que esté formada por ministros que obedezcan al Presidente, como en los tiempos del viejo PRI.
Sin independencia
Los nominados para ocupar los cargos de fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, y fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, estaban en las ternas que propuso López Obrador cuando era candidato. Los dos son muy cercanos al Presidente. No habrá tampoco independencia de los fiscales en la cuarta transformación.
