Cuando se hace una pregunta, una cosa es que no se reciba ninguna respuesta y otra muy diferente es que la respuesta recibida no sea la esperada. El problema de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Iguala es que al parecer no se ha sabido distinguir entre la falta de respuestas y la discrepancia entre la realidad y lo que algunos quisieran escuchar.
Este jueves, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa— desaparecidos hace casi dos años en Iguala, Guerrero—, decidieron levantarse de las mesas informativas que sostenían con la procuradora Arely Gómez porque no han recibido la respuesta que quieren escuchar.
Vidulfo Rosales —abogado de los padres de los 43— y Felipe de la Cruz —vocero del movimiento— informaron que la decisión fue tomada debido a la negativa de la PGR de remover de su puesto a Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Los familiares de los normalistas le recriminan a Zerón el haber incurrido en violaciones al debido proceso durante la investigaciones de los hechos de acontecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Según los padres de los normalistas, Zerón alteró evidencias halladas en el Río San Juan, Cocula. Los representantes de los familiares de los 43 y los padres de los normalistas afirman que no se retomarán las mesas con la PGR hasta que Zerón sea destituido de su puesto.
Cabe recordar que la versión de que las evidencias del Río San Juan fueron alteradas fue difundida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismo que se dedicó a desacreditar la versión de la PGR sin ofrecer una explicación alternativa y que han sido señalados por no investigar con el rigor adecuado.
Y la historia ya la conocemos: los padres se niegan a aceptar la versión de la PGR y si aceptan la del GIEI… Y como la CNTE, los padres de los 43 están empeñados en responsabilizar al Estado, aunque es sabido que los acontecimientos fueron obra de grupos criminales. Y también es sabido que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tenía nexos con el crimen; y también es sabido que a Abarca lo impuso Andrés Manuel López Obrador. Así que la CNTE y los padres de los normalistas están dispuestos a desacreditar por completo la versión del Estado.
