PALABRAS Y HECHOS

Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar
Octavio Paz

En política, como en el sexo, cuando no se puede, no se puede y si uno insiste, seguramente hará el ridículo. Eso está sucediendo con el actual gobierno.

Amanecemos con buenas intenciones, promesas al por mayor, anuncios de nuevos tiempos y cambios radicales, pero los acontecimientos los desmienten: menores niveles de crecimiento económico, mayor desempleo, resquebrajamiento del Estado de derecho y frustrados empeños para atacar nuestros muchos males. Estamos viviendo en el desasosiego de una esquizofrenia dialéctica: palabras bonitas, hechos feos.

¿Qué podemos esperar de un gobierno incongruente?

Muchos le atribuyen al presidente grandes habilidades para lograr sus propósitos. Afirman que todo le sale bien. ¿Qué significa esta expresión en política? Puede ser que quien manda impuso su voluntad, se salió con la suya o que la comunidad se vio beneficiada con alguna acción del gobernante. Me temo que la expresión corresponde a la primera respuesta. A 60 días de haber asumido el poder, al actual gobierno todo le ha salido mal. La impresión que da es de impotencia y de incompetencia, cobijándose en las pésimas condiciones en que recibió al país. Focalizo algunos asuntos que me parecen de la mayor envergadura.

Desde el movimiento estudiantil el Estado mexicano arrastra un trauma que podríamos denominar “síndrome del 68”, consistente en el impedimento autoimpuesto para utilizar el monopolio de la violencia legal. Se olvida que el Estado es la única fuente con derecho a la violencia, posee el único monopolio que se justifica y no se comparte.

López Obrador militariza la seguridad pública, creando la Guardia Nacional, pero declara que jamás dará la orden de reprimir al pueblo de México, sobre todo en movimientos encabezados por organizaciones que lo apoyaron en su campaña, es el caso de los bloqueos de la CNTE en Michoacán.

El artículo 17 constitucional expresa: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Así precisamente se define el Estado de derecho, idea sustentada en el contrato social en el cual los particulares ceden en libertad para obtener seguridad. AMLO habla de delincuentes por necesidad y que, por lo tanto, merecen ciertas consideraciones. La ley contempla las excluyentes de incriminación, que pueden ser causas de impunidad, pero el Poder Judicial es el que decide, no el Ejecutivo, cuyo deber es detener a quien delinque. Con su flexibilidad, el presidente viola la Constitución. Con esa actitud, cada vez será más difícil vivir bajo el imperio de la ley.
También es grave enfrentar uno de los momentos más críticos en nuestra historia con un equipo poco idóneo. Pemex fue entregado a Morena para cumplir los compromisos de colocación a quienes apoyaron en campaña. López Obrador declaró: “Yo no soy sectario, yo respeto a todos los mexicanos. Soy el jefe del Estado, no soy el jefe de un grupo, de un partido, de una fracción. Eso ya terminó”. Desafortunadamente los hechos no respaldan sus dichos. En la aplicación de la ley y en la integración de su equipo prevaleció el interés partidista sobre los requerimientos de México.

Otro asunto es la forma en que el presidente utiliza su tiempo y el de su gabinete, lo cual refleja una confusión de prioridades.

Nuestra democracia adolece de muchas fallas, tanto en la legitimidad de origen que otorga el voto, como en el ejercicio del poder mediante la eficacia para alcanzar resultados. Si un gobernante no escucha y, por tanto, no corrige, difícil será encontrar razones para cobijar la esperanza.