Tras la propuesta de Morena de una iniciativa de ley para reducir a la mitad los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos, senadores electos que fungirán como oposición se manifestaron a favor. Sin embargo, pusieron como condición discutir una nueva reforma político-electoral.
En una entrevista con el diario Milenio, los senadores Gustavo Madero, Jorge Carlos Ramírez Marín y Juan Zepeda se mostraron conformes, pero dijeron que a partir del 1 de septiembre podrá discutirse una propuesta concreta, sería, en la que Morena debe probar si tiene un compromiso real con la austeridad.
El senador perredista, Juan Zepeda se manifestó un favor de una reducción de las prerrogativas, pero no del 50 por ciento, además de un control para evitar que los partidos busquen mecanismos alternos para financiar sus operaciones.
Veamos los alcances, veamos cómo y eso pasa por una reforma político-electoral para revisar la fórmula para determinar la reducción en dónde y qué partidas, porque no puede ser tajante el 50 por ciento”, dijo.
El priista Ramírez Marín dijo que “desde la Cámara de Diputados había propuesto que deberían retirarse por completo las prerrogativas, siempre y cuando haya una modificación en el sistema de comunicación política y en el sistema electoral.
“No es una propuesta original y en el caso de Morena parece más oportunista”, dijo.
También planteó la necesidad de una reforma político-electoral integral para evitar que a través de fideicomisos, como el del sismo se burle la ley, y recordó que su partido reintegró sus prerrogativas de 6 meses para apoyar a los damnificados por el sismo de septiembre.
Por su parte, el panista Gustavo Madero señaló que Acción Nacional es el único partido que puede sobrevivir con el recorte porque la mayor parte de su historia operó sin financiamiento público.
De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución sobre el financiamiento de los partidos, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución sobre el financiamiento de los partidos, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Electoral.
Actualmente, el financiamiento público para las actividades de los partidos es asignado cada año, dependiendo de la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, mismo que es multiplicado por el 65 por ciento del salario mínimo establecido en la Ciudad de México.
La cantidad total se divide en dos partes: el 30 por ciento es repartido de manera igualitaria, y el otro 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados.
Para las campañas presidenciales los partidos reciben un 50 por ciento del financiamiento y un 30 en elecciones intermedias. El 3 por ciento es de actividades ordinarias de partidos.
Y el otro 10 por ciento podría ser aportación de los mismos simpatizantes de los partidos.
