Organizaciones civiles llamaron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a no descuidar el tema de inseguridad del estado por seguir enfrentándose con el Gobierno Federal.
Y es que tan sólo en los primeros 14 meses de su administración, en comparación con los 14 meses previos a que asumiera el mandato constitucional, los delitos pasaron de 69 mil 13 casos a 77 mil 732, lo que representa un incremento de 13 por ciento.
De acuerdo con cifras que publica este miércoles el diario La Razón, los homicidios pasaron de mil 600 a 2 mil 185; es decir, un incremento de 37 por ciento de agosto de 2015 a septiembre de 2016, respecto de octubre de 2016 (mes en que Corral inició su gobierno) a noviembre de 2017.
En el caso de las violaciones pasó de mil 243 casos a mil 350, lo que representa un incremento de 9 por ciento.
El secuestro es el delito que mayor repunte tuvo, pues en los 14 meses anteriores a su administración se registraron seis casos, mientras que en los 14 meses de su gobierno hubo 19, lo que representa 216.6 por ciento más.
En robo a casa-habitación con violencia se reportaron 154 en el primer periodo contra 190 del segundo, lo que significa un aumento de 23 por ciento.
“El exhorto que le hacemos al gobernador Corral es que no lleve el tema de la justicia al ámbito político y que verdaderamente no descuide este rubro, porque estamos en tiempos electorales y estamos en tiempo de mucha virulencia y no se pueden mezclar las cosas.
“Me parece que, como político, tiene el derecho de hacer política, pero a lo que no tiene derecho es a abandonar la seguridad de los chihuahuenses”, dijo Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.
El secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres, expresó que “lo verdaderamente mezquino es que de un pleito entre autoridades lo que resulta es en un impacto directo en los ciudadanos”.
Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres con sede en Chihuahua, lamentó que “haya esas fricciones tan fuertes” entre Corral y el Gobierno federal, porque consideró que “no es saludable para ningún estado que existan pugnas políticas”.
