Nadie, en su sano juicio, podría negar que en México existen desafíos en materia de derechos humanos. El mismo Gobierno de la República ha dicho que es prioridad proteger a los mexicanos en este sentido. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto diferencias entre las instituciones del Estado y las organizaciones que dicen defender los derechos humanos.
Este martes, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dio un ultimátum al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, para que a más tardar el 30 de abril entreguen conclusiones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Cabe señalar que hasta el momento, el GIEI no ha presentado una línea de investigación distinta a la de la PGR; a pesar de que en octubre del año pasado les otorgaron seis meses de prórroga y les pagaron un millón de dólares.
Pero hay más:
El 7 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que no prorrogaría la estancia del GIEI.
En respuesta, este miércoles, la CIDH aseguró que existe una campaña de desprestigio –orquestada desde el gobierno federal, a través de la PGR–, luego que se hizo pública la averiguación previa en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
El 15 de marzo, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó una denuncia en contra de Álvarez Icaza, por el delito de fraude en perjuicio de la Federación.
El 23 de marzo, la PGR abrió una investigación en contra de Emilio Álvarez Icaza, por un presunto fraude de dos millones de dólares cobrados por el GIEI.
En noviembre del 2014, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la firma del Convenio de Asistencia Técnica con la CIDH para que coadyuvara en las acciones emprendidas por el Gobierno federal.
El 29 de octubre de 2014, se alcanzó un compromiso entre el Gobierno, los padres de los 43 desaparecidos y la CIDH para emprender trabajos que dieran con el paradero de normalistas.
El acuerdo se oficializó días después con la presencia del comisionado James Cavallaro y del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Pero este nos es el único caso en el que aparecer existe un distanciamiento entre el Gobierno con instituciones de derechos humanos.
Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, criticó días atrás la negativa del Gobierno para que haya una visita de seguimiento de Juan Méndez, relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre abril y mayo de 2014, Juan Méndez visitó nuestro país y declaró que la tortura era generalizada en México.
El 9 de marzo del año pasado, el relator de la ONU presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos y el Gobierno mexicano rechazó el contenido. Esto provocó un diferendo diplomático.
En septiembre de 2015, Juan Méndez solicitó al gobierno de México una visita para dar continuidad a su trabajo.
El 5 de abril de 2015, la SRE, a cargo entonces de José Antonio Meade, dijo que las declaraciones del relator Méndez–que la tortura era generalizada en nuestro país– fueron irresponsables y poco éticas.
Hace apenas unos días, México le respondió que este año no sería posible atender su petición de regresar al país; esto porque se tienen previstas las visitas de otros expertos.
Para algunos, el gobierno federal se niega a rendir cuentas ante las instancias que vigilan el respeto a los derechos humanos. Para otros, el gobierno federal entró en razón y finalmente dejó de exponerse a un innecesario golpeteo mediático y político, ¿usted con quién se queda?
