Durante meses, aquí defendimos que existía una tendencia en la aplicación de la reforma educativa.
Siempre que la autoridad pretendía anunciar un cambio significativo en temas vinculados con la educación, se premiaba a los maestros y se castigaba a los rijosos.
Es así que antes de la salida de la SEP de Emilio Chuayffet, antes que iniciara la evaluación docente y antes de anunciar que los maestros que no participaron en la prueba serían despedidos, el Estado se aseguró de reconocer a los buenos maestros y de amenazar con enviar a prisión a los sectores más violentos del magisterio.
Sin embargo, la estrategia podría tener una falla: el poder judicial.
A finales de la semana pasada, cuando la CNTE advirtió que se iría a paro el próximo 15 de mayo y que se movilizaría en una veintena de estados, el gobierno federal detuvo al secretario de Finanzas de la Coordinadora y, después de las manifestaciones, arrestó a 18 profesores chiapanecos.
Todo parecía avanzar como siempre hasta hace unas horas.
Los 18 profesores chiapanecos detenidos fueron liberados bajo fianza tras poco más de 24 horas de haber rendido su declaración.
A su vez, un juez Penal ordenó el traslado de Aciel Sibaja Mendoza –secretario de Finanzas de la CNTE– del Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, a la Penitenciaría Central de Oaxaca.
Y aunque la PGR podría revertir la decisión de la juez y aunque los 18 maestros podrían regresar a prisión, lo cierto es que el plan de la autoridad para abrir camino a la reforma educativa ya exhibió su principal defecto. Este defecto, aunque nos cueste creerlo, es parte del Estado mexicano: es el Poder Judicia.
