La actividad política, el servicio público y, en general, el ejercicio del poder son por definición actividades frenéticas y de alto riesgo.
Por eso, no es casual que el frenesí del poder y de la política cobren la factura en vidas; sea la vida de políticos, servidores públicos o, en general, hombres de poder. Incluso, en algunos casos repercute en terceros que “sin deberla ni temerla” pierden la vida.
Y vale el tema porque dos eventos trágicos recordaron el riesgo que significa la actividad política, por un lado, y el ejercicio del poder, por el otro, en un proceso electoral como el que vivimos.
Las dos tragedias son un llamado de atención para todos los candidatos presidenciales, los que corren mayor riesgo cuanto más viajan –sea por tierra, sea por aire–, y cuanto más se polariza la contienda.
El primer caso es la caída del helicóptero en el que viajaban Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación y Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Los servidores públicos se habían trasladado al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, para atender daños por el terremoto del viernes. La tragedia, sin embargo, cobró 13 vidas.
El segundo es el accidente de María de Jesús Patricio “Marichuy”, la precandidata independiente, cuyo vehículo volcó y perdió la vida uno de sus acompañantes. Luego del percance la aspirante cancelo su campaña.
Pero la tragedia viene le dejos. Persigue a titulares de Gobernación. En septiembre de 2005, cayó el helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta, jefe de la Segob con Vicente Fox. El 4 de noviembre de 2008, cayó el avión de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación de Felipe Calderón. En el mismo accidente perdió la vida José Luis Santiago Vasconcelos, director del Cisen.
El 25 de febrero de 2005, se desplomó el avión en el que viajaba el gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez, mientras que el 28 de junio de 2010 fue asesinado el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Nadie ignora los crímenes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, cometidos en marzo y septiembre de 1994. Por si fuera poco, en el actual proceso elector han sido asesinados 19 candidatos y precandidatos a puestos de elección popular.
¿Hasta cuándo, partidos, candidatos presidenciales y las instituciones del Estado entenderán que de la salud física y la vida de los actores políticos depende la salud del Estado todo y la democracia.
A nadie conviene que una tragedia o un crimen empañe un proceso electoral crucial para la vida de todos.
Al tiempo.
