Un tribunal federal determinó suspender, por el momento, la ejecución de la sentencia dictada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por asociación delictuosa y lavado de dinero, sin embargo, no podrá salir de prisión.
Esto mientras se analizan si las pruebas en las que se sustentó fueron legales. Con ello, se frena el eventual decomiso de 40 bienes inmuebles y cuentas que presuntamente son de su propiedad que se fijó contra Duarte Ochoa desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
La sentencia que se dictó el año pasado se contempló, además de la pena de nueve años de prisión, una multa económica y el decomiso de cuentas bancarias y de las propiedades que, según la entonces PRG, fueron adquiridas por el ex mandatario veracruzano a través de prestanombres, algo que él ha negado en reiteradas ocasiones.
De esta forma, Javier Duarte debería permanecer en la cárcel hasta 2026 al haber sido detenido el pasado 15 de abril de 2017.
Te puede interesar | Destituyen a titular del Coneval
Sin embargo, los abogados de Duarte de Ochoa interpusieron una demanda de amparo bajo el argumento de que bien el exgobernador aceptó su culpabilidad en un proceso abreviado, las pruebas bancarias en las que se sustenta la acusación son ilegales pues se obtuvieron sin autorización fiscal.
La demanda promovida ya llegó hasta un Tribunal Colegiado el cual concedió a Duarte la suspensión para que se detenga la ejecución de la sentencia, mientras se analiza el fondo del asunto.
“Lo que buscamos es que se nulifique esa sentencia (contra Duarte) que fue obtenida con pruebas ilegales. Mucha gente dice que Duarte ya aceptó las pruebas en el proceso abreviado y eso es correcto, sin embargo no obstante que las aceptó, tú no puedes ser condenado con pruebas que son en contra de los derechos fundamentales, ni Duarte ni nadie”, explicó Ricardo Reyes Retana, abogado defensor del exgobernador veracruzano.
