México debe crecer más rápido. Puede y debe hacerlo, para generar más empleo y mejores ingresos para su población.
Los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República deben plantear qué piensan hacer para conseguir ese propósito.
Pero lo primero que debe atenderse es a un diagnóstico correcto con cifras precisas.
Con el dato que ayer ofreció el Inegi y que permite estimar el crecimiento del PIB de 2017 en 2.1 por ciento, encontramos que el promedio de los primeros cinco años del actual sexenio es de 2.5 por ciento.
Si ponderamos esta cifra por el ritmo de crecimiento de la población, que fue de 1.3 por ciento anual en promedio, encontramos que el crecimiento del PIB per cápita en el actual sexenio fue de 1.2 por ciento en promedio.
Aunque la cifra parece baja, la triste realidad de nuestra economía es que fue la mejor ¡desde el sexenio de Zedillo!
De acuerdo con los datos del Inegi, el crecimiento promedio del PIB per cápita en el gobierno de Calderón fue de 0.1 por ciento y de apenas 0.7 por ciento en el sexenio de Fox.
Hay que remontarnos hasta el sexenio de Zedillo para encontrar una mejor cifra. En el lapso de 1994-2000, esa tasa fue de 1.7 por ciento.
Como le hemos comentado en diversas ocasiones, el problema principal de nuestra economía y de la falta de crecimiento del PIB es el freno de la inversión productiva.
En ninguno de los cuatro sexenios que referimos alcanzó una tasa promedio de al menos 3 por ciento anual. Y, en particular en la actual administración apenas tuvo un promedio anual de 0.8 por ciento.
Pero si tomamos los 23 años en su conjunto, de 1994 a 2017, el ritmo anual promedio fue de apenas 1.8 por ciento.
Como país, tenemos una generación completa en la que no hemos invertido lo suficiente.
Eso no significa que no existan sectores modernos y competitivos e incluso algunos tramos de la infraestructura que han mejorado sustancialmente en este lapso.
Sin embargo, arrastramos rezagos impresionantes en muchas regiones y en diversos sectores.
Aunque los recursos públicos en manos de los gobiernos han crecido, éstos no se han invertido suficientemente en mejorar la infraestructura.
En el mejor de los casos, se han destinado en una buena parte a programas sociales; en otros a subsidios con efecto productivo y redistributivo muy cuestionables; y en el peor de los casos, a corrupción.
Pensar en recuperar la capacidad de crecimiento implica un conjunto de medidas impopulares.
Por un lado, habría que depurar con gran cuidado el gasto social para liberar recursos para inversión; en segundo, cambiar el esquema de coordinación fiscal para obligar a las entidades a recaudar y no depender sólo de la Federación; también se necesita recaudar más, en particular con mayores impuestos al consumo y reducción de los espacios de elusión y evasión; y finalmente, se necesita canalizar la inversión pública a proyectos con capacidad de detonar inversiones privadas y no sólo de relumbrón.
Pero, además, como la inversión no genera efectos inmediatos en el crecimiento, se requiere dejar que maduren los proyectos.
El problema que confrontamos es que la presión de obtener votos hace que los candidatos concentren sus propuestas en proyectos para favorecer el consumo.
¿Quién va a ser el valiente que se atreva a proponer que el dinero se vaya a la inversión y que el consumo quede para después?
