Las dirigencias del PAN y del PRD –así como sus líderes parlamentarios–, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que impulsarán una postura común a propósito del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, presentaron siete leyes en materia de combate a la corrupción. Entre los proyectos legislativos, se impulsará la creación de una fiscalía autónoma y especializada en la materia, así como la oficialización de la iniciativa 3 de 3.
Según se ha dicho, el frente común tiene el objetivo de evitar acuerdos “en lo oscurito” o fuera del Senado.
Coincidentemente, la conferencia será en la fecha en que las comisiones encargadas de dictaminar el proyecto legislativo anticorrupción definirán la ruta crítica de la discusión.
Una de las comisiones involucradas en el debate la preside el senador ecologista Pablo Escudero, quien propuso un “segundo documento” de trabajo que ya fue rechazado por panistas y perredistas. Los opositores sostienen que el documento incluye sólo propuestas del PRI y Partido Verde. O si lo prefiere, no incluye las iniciativas presentadas por las bancadas panistas, perredistas o los proyectos de la sociedad civil.
Por su parte, el bloque de oposición exigió la integración de mesas especializadas en el tema para que comenten y participen en la discusión.
Por cierto, el Senado tiene hasta el 15 de abril para aprobar las leyes anticorrupción. A partir de ese momento, la discusión pasará a manos de los diputados, quienes tendrán hasta el 28 de mayo para dictaminar. En esa fecha entrarán en vigor las reformas aprobadas en meses anteriores por el Congreso de la Unión.
Los involucrados en la conferencia de hoy esperan que el Congreso cumpla con los plazos. De lo contrario, según especialistas, la expectativa es que se lleve a cabo un trabajo de calidad y se construya una ley sólida, no un proyecto al aventón.
Ricardo Anaya argumentó que es preferible reformar la ley orgánica de la PGR para que la fiscalía anticorrupción cuente con recursos humanos y económicos para hacer un trabajo, antes que aprobar una ley específica para la fiscalía.
