Dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que, en este momento, vive una de sus peores crisis financieras.
Dice la Comisión que es probable que suspenda los trabajos de consultoría y de supervisión; pues no tiene recursos.
Y dice la CIDH que tendrá que despedir al 40 por ciento de sus empleados porque no tiene los recursos para cumplir con los compromisos contractuales.
Por donde se vea, resulta lamentable que una instancia como la CIDH atraviese una crisis económica.
Por donde se mire, es penoso que el trabajo de cientos de personas esté en riesgo por el mal desempeño financiero de la Comisión.
Y por donde se aprecie, es cuestionable que los Estados –responsables de financiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, no cumplan con el pago de sus cuotas.
Sin embargo, tampoco sobra preguntar, ¿no será que la CIDH cosecha lo que sembró?
Después de todo, sus trabajos de investigación, de asesoría y de supervisión –como el que desempeñó en México, a propósito del Caso Iguala–, dejan mucho que desear.
Es decir, que no sería extraño que los gobiernos del continente prefieran incumplir en el pago de sus cuotas a seguir financiando una organización que, en fechas recientes, ha operado al puro estilo de la mafia; que defiende agendas políticas particulares y que es capaz de alterar la verdad con tal de golpear la imagen y la credibilidad de sus adversarios políticos.
Por eso, no sobra preguntar, ¿la crisis económica de la CIDH es el fruto de un desempeño cuestionable?
