Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que durante su gestión será retomada la investigación sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, hecha por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En entrevista para Noticieros Televisa, aseguró que habrá voluntad política para resolver el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a través de una Comisión de la Verdad.
A casi cuatro años de la tragedia suscitada en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, Encinas afirmó que no iniciarán de cero las indagatorias y retomarán los fracasos del GIEI, cuya línea de investigación supuestamente reveló que en la desaparición resultaron involucrados policías e integrantes de las fuerzas armadas, un quinto autobús, así como la presunta alteración de la escena del crimen.
Lo anterior, a final de cuentas es una declaración falaz por parte de Encinas… a menos que pretenda violar la ley.
En primer lugar, el pasado 18 de julio un magistrado federal resolvió que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia, ya que ello implicaría que familiares de las víctimas suplanten las funciones del Ministerio Público.
Alejandro Encinas se encamina a la mentira aprovechando el dolor de los padres de las víctimas, y a deslegitimar —como es su costumbre— a las instituciones del país.
Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció que no tiene atribuciones para investigar delitos, por lo que no puede efectuar indagatorias paralelas a las de la PGR respecto a la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala.
Otro punto a destacar y no menos importante, es la fallida investigación del GIEI, la cual pretende retomar el próximo subsecretario de Derechos Humanos.
En su primer informe de septiembre de 2015, el GIEI concluyó que no existía evidencia de que los “43” fueran incinerados en el basurero “en el tiempo, circunstancias y condiciones señaladas por la PGR en su investigación”. Con ello pretendió echar abajo la “verdad histórica” del gobierno federal, aprovechándose de la crisis de credibilidad y el ambiente de polarización política.
Como se demostró en su momento, este informe fue incompleto, parcial, revelando precaria seriedad técnica y profesional. Pese a lo cual, y a la politización del caso, el gobierno prorrogó la labor de los especialistas hasta el 30 de abril de 2016.
Tal prórroga resultaba inviable ante una serie de hallazgos y hechos que cuestionan el trabajo del GIEI:
- La identificación genética hecha por la Universidad de Innsbruck de dos normalistas entre los restos hallados en el río San Juan (Cocula)
- La aprehensión de autoridades, policías y sicarios que han confesado la calcinación de normalistas en el lugar
- La fotografía de la NASA mostró que en los días de la tragedia hubo nubosidad en Cocula, y no sirve de prueba para saber si hubo o no incendio.
- La investigación ministerial estableció que el quinto camión no tiene rastros de transporte de drogas, echando abajo la hipótesis del GIEI.
- El vuelco del abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, quien ya aceptó que fueron Guerreros Unidos los asesinos.
Es decir, nunca encontraron una línea de investigación diferente a la oficial, y sólo se empeñaron en cuestionarla y desacreditaron a la PGR, negándose a trabajar más con la dependencia.
Dicha actitud, es un reflejo de lo que el GIEI fue desde el principio: un grupo que tomó partido con una de las partes, cuando debió ser realmente independiente, lo que implicaba investigar la responsabilidad de todos los involucrados en las causas de la tragedia, incluyendo a autoridades y profesores normalistas, con presuntos vínculos narcoguerrilleros, y quienes han obstaculizado la indagatoria..
El GIEI fracasó, porque en lugar de cooperar con la investigación, confrontó; en vez de indagar y dar resultados conclusivos se victimizó, generó mayor escepticismo y desconfianza, y realizó activismo al servicio de las aspiraciones políticas de su jefe, el entonces secretario de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, quien dejó el cargo debido a sus aspiraciones políticas.
Aún así, Alejandro Encinas comentó que la Comisión para investigar la desaparición de los 43 normalistas es cuestión de voluntad política y es un derecho constitucional y que la investigación sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos será retomada por el GIEI.
