Rubén Moreira, “El Cazafantasmas”

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Javier Duarte no es el único gobernador priista atormentado por el fantasma de las “empresas fantasma”. El mandatario de Coahuila, Rubén Moreira, también enfrenta acusaciones relacionadas con entrega de recursos a corporaciones establecidas de forma irregular.

El pasado 30 de septiembre, el senador panista, Luis Fernando Salazar, presentó ante la PGR una denuncia en contra de Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos a través de la contratación de empresas fantasma.

Días antes, el periódico Reforma publicó una investigación en la que se afirma que algunas de las empresas contratadas por el gobierno de Coahuila presentan irregularidades: referencian domicilios inexistentes o irregulares —como casas deshabitadas o bodegas—, no cuentan con domicilio fiscal, teléfonos ni portales de internet o no proporcionan los servicios para los que se les contrató.

A falta de que las instancias correspondientes comprueben las acusaciones en contra de Rubén Moreira, la fama del gobernador y de su familia lo persiguen. Su hermano, Humberto Moreira, quien también gobernó Coahuila entre 2005 y 2011, dejó la entidad con una deuda de 33 millones de pesos, ha sido acusado varias ocasiones de corrupción, desvío de recursos y colusión con el narcotráfico. La oposición coahuilense incluso denuncia que el “moreirato” ha saqueado el erario público del estado.

No obstante, Rubén Moreira se defiende. Este martes, afirmó que en los próximos 10 días, su secretario de Finanzas, Israel Ramos, comparecerá ante el Congreso local para aclarar el tema de las supuestas empresas fantasmas, y que —hasta el momento— la información con la que cuenta, indica que cada una de ellas está debidamente constituida.

Sin embargo, Moreira abrió el paraguas: no descartó que pueda encontrarse alguna irregularidad y habló de la necesidad de combatir el mal de las empresas fantasmas.

Incluso, parece que el gobernador de Coahuila pretende convertirse en un “Cazafantasmas”, pues adelantó que presentará al Congreso local una iniciativa de ley para prevenir que empresas fantasma obtengan contratos en los que están en juego recursos públicos.

Entre las herramientas “cazafantasmas” que Moreira propondrá implementar, destaca exigir a las empresas con las que se contraerán licitaciones la georreferenciación de sus instalaciones, la presentación de fotografías de sus fachadas y la entrega de un curriculum o historial empresarial.

Pero, ¿Acaso no es cuestión de sentido común la verificación de los datos de las empresas con las que los gobiernos establecen contratos? ¿No es elemental corroborar que —en primer lugar— efectivamente existan y —en segundo— efectivamente existan? ¿Es necesario que exista una ley para que los encargados de otorgar contratos y licitaciones se pongan a hacer su trabajo?