La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el trámite para resolver si puede o no integrarse una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, en 2014.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, admitió cuatro incidentes de inejecución de sentencia, derivados de los amparos concedidos en junio pasado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
En esos amparos, el tribunal desconoció la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas, y de forma oficiosa, ordenó crear la Comisión, que estaría encabezada por la CNDH y representantes de las víctimas, para que indague de nuevo el caso.
Al asumir los incidente de inejecución, el Pleno de la Corte establecerá si el tribunal colegiado excedió en sus sentencias los temas que le habían sido planteados por los quejosos -integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los jóvenes-, y por tanto, si el incumplimiento de estas sentencias está justificado.
Si la Corte declara que el incumplimiento es injustificado, tendría que ordenar la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables del desacato.
Tanto la PGR como la CNDH sostienen que la Comisión violaría la Constitución, que faculta exclusivamente al Ministerio Público para investigar los delitos.
En julio, el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar la ejecución de los amparos, declaró que es jurídicamente imposible su cumplimiento. Pero el 20 de septiembre, el propio tribunal revocó este fallo e insistió en que hay fundamento constitucional para crear la Comisión.
Sin embargo, no mandó los incidentes a la Corte porque consideró que la inejecución de los amparos era, excusable, debido a la declaración de imposibilidad del tribunal unitario.
