Se dio a conocer que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la controversia constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la cual pretendía impugnar la orden para designar a nuevos magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción.
Piña Hernández decidió desestimar el juicio que pretendía iniciar la Consejería Jurídica de la Presidencia de México con el objetivo de obtener el perfil completo de los aspirantes mismos que deben comprobar que cuentan con las capacidades que requiere el cargo.
En primera instancia, el presidente se opuso a la sentencia que emitió el Décimo Tribunal Colegiado Administrativo en donde se había otorgado la protección constitucional al Comité de Participación Ciudadana para que éstos emitieran los nombres de los 18 magistrados anticorrupción.
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Según Obrador, la sentencia que el colegiado había designado atentó contra su competencia y facultad para elegir a los nuevos miembros especializados en la materia de Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
