Las carpetas de investigación por secuestro del fuero común iniciadas durante los cincos años y dos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, superaron en 22 por ciento a las registradas en el mismo periodo (de 2007 a febrero de 2012) de la gestión de Felipe Calderón.
Todo apunta a que antes de que concluya este sexenio se establecerá un récord en el número de plagios reportados por las 32 procuradurías y fiscalías del país, al contabilizar 6 mil 582 casos, frente a los 6 mil 584 de los seis años anteriores, una diferencia de sólo dos secuestros.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que a pesar de reducir el número de carpetas en la presente gestión, al sumarlos se abrieron 6 mil 582 expedientes por este delito, mientras que en el mismo periodo del gobierno anterior se iniciaron 5 mil 386, una diferencia de mil 196 investigaciones.
SIn embargo, cabe resaltar que acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, las autoridades del fuero común –entidades federativas– también tienen competencias al respecto.
Por lo que resulta incuestionable que a partir de la entrada en vigor de dicha legislación en 2009, las autoridades estatales son competentes para conocer y resolver respecto de los delitos de secuestro y por tanto, están autorizadas válidamente para aplicar la mencionada legislación general, fuera de los casos de competencia de la Federación.
Una responsabilidad compartida que, en principio corresponde a los gobierno estatales y municipales, toda vez que la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, establece en su artículo 23, párrafo primero, que la competencia originaria del fuero federal para conocer de dicho ilícito cuando:
- a) Se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- b) Se apliquen las reglas de competencia contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Código Federal de Procedimientos Penales
- c) El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o su relevancia social.
En cambio, del segundo párrafo de dicho precepto deriva que en los supuestos no contemplados en los puntos anteriores, serán competentes las autoridades del fuero común.
Lo anterior, concuerda con lo dicho este lunes por la activista Isabel Miranda de Wallace, al señalar que los estados “fracasaron” en el combate al secuestro, pese a que el gobierno federal les entregó recursos y herramientas para atender la incidencia.
“Ha habido una gran irresponsabilidad de parte de algunos estados para combatir el delito de secuestro, saben que está ahí, sin embargo no están actuando y han pasado años y son prácticamente los mismos estados: Tamaulipas, Estado de México, Tabasco, Guerrero y Ciudad de México.”
Asimismo, al presentar su reporte mensual, Miranda de Wallace aseguró que en la presente administración federal ha habido más voluntad para atender este delito. Prueba de ello, dijo, es que se creó la Comisión Nacional Antisecuestro, las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS) en los estados y se les dio kits de inteligencia.
De modo que el problema de los altos índices de secuestro es una responsabilidad compartida entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
