Aunque, en principio, el proyecto del Tren Maya ha sido bien recibido por el sector privado, y en especial el turístico, porque se pretende que sea un tren de pasajeros que cubra los principales destinos de la Riviera Maya, crece la preocupación por su costo y, sobre todo, debido a su forma de financiamiento.
El Tren Maya es uno de los 25 proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, quien ya instruyó a Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, y a Javier Jímenez Espriú, quien encabezará la SCT, para que las bases de licitación de lo que será la obra más grande de infraestructura en su sexenio se publiquen desde el primer día de su administración.
El problema del Tren Maya será su financiamiento y el propio López Obrador generó una enorme preocupación el lunes pasado, cuando anunció que el proyecto del tren se ampliará y, además de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, pretende que llegue también a Yucatán y Campeche, hasta la zona arqueológica de Calakmul.
Con la tranquilidad que lo caracteriza y la certeza de que cualquier propuesta de cambio legal que envíe al Congreso será aprobada por la mayoría de Morena, López Obrador anunció que los 150 mil millones de pesos que costará el Tren Maya serán financiados por el sector privado, a través de una Asociación Pública Privada (APP), y con los recursos del Derecho por Servicios Migratorios que pagan los turistas en México y que —dijo— representan alrededor de siete mil millones de pesos anuales, aunque, en realidad, ascienden a menos de cinco mil millones de pesos.
AFECTARÍA A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
Si realmente López Obrador quiere tener listas las bases de licitación del Tren Maya el 1º de diciembre, tendrá que pedirle al presidente Peña Nieto o a alguno de los legisladores de Morena que, a partir del mes próximo, envíen una iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos, que estipula que el 70% del derecho que pagan los turistas se destine al CPTM para promoción turística, el 20% al Instituto Nacional de Migración y el 10% para el Fonatur.
El tema ya generó todo tipo de alertas en el sector privado, porque López Obrador puede cambiar la ley que se le ocurra, pero si pretende financiar un tren turístico de pasajeros, que implicaría en su operación tener subsidios con los derechos que pagan los turistas, descobijará no sólo al CPTM, que dirigirá la empresaria Gabriela Cámara; sino al Fonatur, que encabezará Rogelio Jiménez Pons, y también al Instituto Nacional de Migración.
El reto para Miguel Torruco, futuro titular de la Sectur, es mayúsculo, porque, por un lado —ante la creciente ola de violencia—, requiere una mayor promoción turística para no retroceder en el ranking mundial alcanzado en este sexenio y, por el otro, se corre el riesgo de que la luna de miel entre el sector privado y López Obrador se pierda por donde menos se esperaba: el sector turístico.
CONCANACO PIDE QUE TAMBIÉN SEA DE CARGA
Sobre el Tren Maya, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campo, manifestó su preocupación por el financiamiento, pero propone que el tren no sólo sea de pasajeros, sino también de carga, con lo cual habría un mayor detonador económico para la región del sureste.
Si es un tren de uso mixto, asegura la Concanaco, tendría más viabilidad y fomentaría un crecimiento de la proveeduría regional, sustituyendo importaciones.
NAICM, CRECE POLITIZACIÓN
Desde luego, el financiamiento del Tren Maya no es la única preocupación del sector privado, pues se mantiene la indefinición sobre el futuro del Nueva Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), con el agravante de que el tema se politiza cada día más, no sólo por la necedad de realizar una consulta popular, sino porque ya reapareció el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra, encabezado por América del Valle, de San Salvador Atenco, y realizaron una manifestación frente a la casa de transición de López Obrador exigiendo que no continúe la construcción del NAICM.
Hoy, Javier Jímenez Espriú entregará a López Obrador su análisis sobre el NAICM, que será enviado a asociaciones de ingenieros civiles para su opinión. Pero, digan lo que digan los peritos, en octubre se realizará la encuesta popular y lo que espera el sector privado es que sea concesionado.
