Existen posibilidades de que la Secretaría de Gobernación (Segob) interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la llamada “ley garrote” recientemente aprobada en el estado de Tabasco.
Dicha reforma que avaló el Congreso tabasqueño condena con penas de entre seis y hasta 20 años de prisión a quien pretenda extorsionar por medio del bloqueo de vías de comunicación.
El hecho de recurrir a la Segob fue planteado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya que dicha dependencia analiza los alcances legales de la “ley garrote” que permita emitir una opinión jurídica al respecto, aunque nunca debería existir una restricción al derecho de manifestación política.
En el marco de una mesa redonda sobre Derechos Humanos en la Cuarta Transformación en el Colegio de México, el funcionario federal reiteró que no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación y a la expresión política; y aclaró que la Segob emitirá su opinión cuando se publique la ley.
Encinas Rodríguez puntualizó que solo resta esperar para ver quienes son los legitimados para iniciar la controversia constitucional en contra de tal ley, pues en un momento dado puede ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, Alejandro Encinas insistió en que sí existe la posibilidad de recurrir al Máximo Tribunal del país con el fin de interponer una acción de inconstitucionalidad, aunque también está en manos de la CNDH.
