Las comisiones de Hacienda y de Justicia del Senado de la República avalaron un dictamen con el cual se modifican la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
Esto para que la defraudación fiscal sea considerada como delincuencia organizada.
Además, dicho dictamen también va contra los factureros, ya que considera que la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados será castigado con cárcel.
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De acuerdo a las modificaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considerará que ameritan prisión preventiva oficiosa los delitos de contrabando y la defraudación fiscal.
En ese sentido, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado por un periodo de uno a 10 años.
