El 4 de julio de 2016 –con el título “Guerra mortal, antes de 2018”-, aquí dijimos que la “verdadera guerra a muerte” previa a la presidencial de 2018 no se dará en el Estado de México, como muchos suponían.
También explicamos que la verdadera batalla tampoco se produciría en la disputa por las candidaturas presidenciales del PRI, PAN y PRD, sino que “la madre de todas las batallas para 2018 se producirá en la renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial”.
Por eso, señalamos que “de los equilibrios que se consigan en el nuevo Tribunal Electoral, dependerá la suerte legal de las elecciones de 2018… por eso “el toma y daca” entre la Corte y el Senado; entre los poderes Legislativo y Judicial”.
Hoy, casi dos años después, los hechos nos dan la razón. En medio de la escandalera general, de la crítica y de acusaciones sin fundamento en todos los frentes, el Tribunal Electoral subió a la boleta presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, un tramposo de “siete suelas”.
¿Pero qué creen? Sí, el mismo Tribunal Federal podría incluir en la misma boleta “al rey de las trampas”, Armando Ríos Piter.
En efecto, por increíble que parezca, el aún precandidato Armando Ríos Piter podría llegar a la boleta presidencial, a pesar de la montaña de trampas que hizo durante la recopilación de apoyos ciudadanos.
¿Y por qué un tramposo de ese calado podría ingresar a una boleta presidencial de por sì manchada por otro tramposo como “El Bronco” y por un pillo como Ricardo Anaya?
Por una razón elemental. Porque si los magistrados del Tribunal Electoral siguen un guión idéntico al que utilizaron para llevar a la boleta a “El Bronco”, esos mismos magistrados tendrán que subir a “El Jaguar”. La zoologia electoral, “unos bueyes que ayudan a un bronco y a un jaguar”, dicen en redes.
Pero la gran pregunta está en otro lado. ¿Quién es responsable de lo que parece “una monstruosidad” electoral a los ojos ciudadanos? ¿Quién debe asumir la culpa, el INE o el Trife, por llevar a la boleta a “El Bronco” y de abrir la posibilidad de que “El Jaguar” también sea premiado a pesar de las trampas?
Cuando se consulta al INE, los consejeros del árbitro electoral acusan a los magistrados del Tribunal y dicen que no tomaron en cuenta las trampas cometidas por los candidatos independientes.
Sin embargo, los magisdtrados del tribunal dicen que los verdaderos responsables son los consejeros del INE, quienes incluso tratan de meter la mano en las decisiones del colegiado conocido como Trife.
¿A quién le asiste la razón?
Una primera aproximación sobre lo ocurrido muestra que el Tribunal Electoral se limitó a verificar si el candidato motejado como “El Bronco”, contaba o no con el número de apoyos para alcanzar el umbral que exige la ley.
En cambio, le correspondía al INE y no al Tribunal, valorar la calidad y legalidad de los apoyos recibidos por “El Bronco”. Y es que el INE es la única instancia capaz de demostrar la validez y/o la nulidad de los apoyos, en tanto que la responsabilidad del Tribunal era valorar y calificar, como ya se dijo, si los candidatos reunían el número de apoyos estipulados por la ley.
Sólo el INE en tanto instancia responsable de todo el procedimiento para la recolección de firmas podía acreditar si los respaldos ciudadanos eran legales, legítimos y podían ser validados o si habían sido recolectados de manera tramposa, incluso de personas muertas.
Es decir, el INE tenía la responsabilidad “cualitativa” de los apoyos y el Trife la responsabilidad “cuantitativa”.
En una primera aproximación a la crisis, el problema radica en que la aplicación desarrollada por el INE, para la captación de los apoyos, no habría cumplido con los estándares prometidos.
Por eso preguntamos: ¿Quién debe investigar las fallas y deficiencias de la aplicación y, en su caso, quién debe ser sancionado?
Y es que la aplicación debió rechazar los apoyos ilegales desde el momento en que estos fueron incluidos al sistema, mediante la propia aplicación. Y como falló la aplicación y como el INE se habría negado a reconocer esa falla, mudó la culpa al Trife.
En el caso del Tribunal –institución determinante para la certeza del proceso electoral–, el resolutivo que convirtió en candidato presidencial a Jaime Rodríguez Calderón –y que podría incluir a Armando Ríos Piter–, se haría apegado –acaso de manera rigorista– a la aplicación del debido proceso, la seguridad jurídica, la certeza, el derecho a ser votado y los derechos ciudadanos a contar con más alternativas electorales, a las que ofrecen los partidos políticos.
¡Sin duda alguien falló! ¿Quién? ¿Se debe ir, el que falló, antes de la elección presidencial?
Al tiempo.
