La cruzada emprendida por el empresario Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, podríamos llamarla “misión imposible”.
El hombre se emplea a fondo para convencer de que la polémica reforma a la Constitución local que prolonga su mandato de dos a cinco años es legal.
Pero no convence a algunos morenos destacados (Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier…)
Su argumento central es que la resolución del Tribunal Electoral local sobre la duración de su periodo fue cambiada cinco veces en seis meses, y al final, los bajacalifornianos no sabían por cuál votaban.
Destaca que hubo cinco resoluciones del Tribunal entre diciembre del 2018 y mayo del 2019.
La primera hablaba de dos años, la segunda de cinco, la tercera nuevamente de dos, la cuarta de seis, la quinta y última de dos. Con ésa fueron a votar los ciudadanos.
Bonilla afirma, sin embargo, que esa quinta resolución se produjo tres días antes de la elección. No se le dio la debida publicidad. “La gente no sabía que votaba por dos años”, insistía.
La completábamos los periodistas Salvador Camarena, Alberto Aguirre, Ramón Zurita y este reportero.
Conforme avanzaba la charla, el ambiente se relajaba. Atrás quedaba el lenguaje formal, acartonado.
Ya encarrerado, Bonilla dijo: “Es una mamada decir que me estoy tratando de agandallar. Nunca estuvimos de acuerdo en los dos años”, dijo.
El Titi se apresuró a respaldarlo: “El asunto no ha terminado. La última resolución no es definitiva”.
Y sin embargo, Bonilla y sus futuros funcionarios tienen claro que el asunto va a terminar en la SCJN.
El gobernador electo hizo un vacío cuando se le preguntó lo que haría si la Corte fallara en su contra, pero acabó admitiendo que lo aceptaría y que haría un gobierno de dos años. “Respeto la decisión de la Suprema (…)
“Mi proyecto de gobierno es por cinco años. Un gobierno de dos años nomás enterraría más a un gobierno que ya está quebrado”, puntualizó.
De repente salió a relucir la declaración del otrora presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido que le habían dado un millón de dólares a cada uno de los 25 diputados locales que votaron la prolongación del mandato.
Rodríguez Lozano abrió su celular. Buscó en la pantalla y nos mostró la carta –fechada el 2 de agosto– en la que Gómez Macías se retracta de sus dichos.
“El 31 de mayo expresé, ante diversos medios de comunicación, algunas aseveraciones motivadas por la efervescencia político-electoral del momento, sin que lo declarado fuera una acción concreta (…)
“La campaña concluyó y con ello las estrategias utilizadas. Lamento los inconvenientes y ofrezco disculpas por eso”, concluye.
Patético…
- Ya casi al final, surgió otro tema que tiene que ver con el Centro de Estudios, Análisis y Humanista. Lo constituyó José Luis Ovando Patrón, presidente del PAN en Baja California. “Yo diría robando (en lugar de Ovando)”, interrumpió Bonilla.
El gobernador electo sostiene que entre las anomalías descubiertas en el proceso de entrega-recepción “detectó” que a los “trabajadores” –no precisó a cuáles– les quitan el 2% del salario para transferirlo a esa fundación.
“Voy a investigar al gobernador actual (el panista Kiko Vega). Si tiene causas, se le va a perseguir”, puntualizó.
- Manuel Velasco está por regresar al Senado. El exgobernador de Chiapas ya estaría en su escaño cuando inicie el próximo periodo de sesiones, el primero de septiembre, según fuentes cercanas al mismo.
El suplente de Velasco es Enrique Murat, hermano de Alejandro, gobernador de Oaxaca.
