En una democracia institucionalizada el simple funcionamiento de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, parecería suficiente como para garantizar la transparencia total en el ejercicio de gobierno. Sin embargo, la complejidad de las relaciones sociales y los conflictos entre factores económicos y políticos obligan a establecer instancias intermedias que eviten la concentración de fuerza en instituciones tradicionales, que teóricamente deberían ser abiertas y transparentes.
La transición mexicana a la democracia obligó durante todo su trayecto a la construcción de estos instrumentos de intermediación entre Estado y sociedad, para garantizar la credibilidad y certeza frente a los cambios que, en lo político, se iban dando de manera acelerada. Desde la creación del IFE autónomo hasta la conformación del INEGI, el IFT, el Coneval, el INAI, el INEE, la Cofece entre otros, el entramado de instituciones generadoras de información profesional y verificable fue un elemento determinante para la acción de los contrapesos necesarios para evitar que la tendencia a centralizar todo por parte de los poderes tradicionales, derribara el carro de la democracia mexicana.
La otra institución central que les amarró las manos a los presidentes y sus respectivos secretarios de Hacienda fue el Banco de México, desligado de las decisiones de política económica, o más bien de las ocurrencias económicas de cada primer mandatario. Fue todo esto, junto con una Suprema Corte de Justicia cada vez más independiente del Ejecutivo, lo que evitó no sólo crisis recurrentes, sino la posibilidad de un retorno al autoritarismo propio del presidencialismo absoluto, siempre presente en la mente de políticos limitados en su capacidad de ejercer el poder a plenitud.
Es por eso que resulta preocupante la tendencia regresiva que vivimos hoy en todo sentido. No únicamente por la descalificación constante de las decisiones de los órganos autónomos por parte del Presidente de la República, cuando estos emiten decisiones que no le parecen correctas, sino por el manifiesto interés de la administración en su conjunto por hacer desaparecer el entramado institucional, que desde estas instancias limita el enorme poder de los triunfadores de la elección del año pasado.
Tanto a través de la estrategia de amplios recortes presupuestales, como de la introducción de figuras incondicionales al Presidente, los órganos autónomos del Estado van perdiendo fuerza y presencia de forma constante. En la cuarta transformación son más un estorbo para el cambio, que un referente indispensable para la toma de decisiones y el buen desempeño de las variables económicas y políticas en el país. Pero sin los datos precisos y oportunos del INEGI, o las decisiones de Cofece para evitar concentraciones monopólicas, o el arbitraje del IFT en temas de telecomunicaciones, el país caerá irremediablemente en un atorón económico, que a su vez reducirá niveles de desarrollo y con ello producirá mayor atraso y dificultad para combatir la pobreza crónica.
Sin un Banco de México sólido y comprometido con mantener a raya la inflación, y con ello obligado a garantizar el poder adquisitivo de los mexicanos, estaríamos en unos cuantos años perdiendo la estabilidad macroeconómica como consecuencia de presiones sociales desbordadas, las cuales hoy se hacen presentes en la frontera norte y en el conflicto magisterial como la punta del iceberg de un problema de dimensiones desconocidas.
Redefinir prioridades y cambiar esquemas de reasignación de presupuestos exige un análisis profundo de las consecuencias de ello. Tirar a la basura los órganos autónomos del Estado no sólo nos regresa al pasado autoritario, sino que nos puede costar carísimo en términos de seguridad y bienestar ciudadano.
