Se agradece la admisión del presidente López Obrador de no haber podido solucionar, hasta ahora, el terrible problema de inseguridad que heredó del gobierno pasado. Han transcurrido ya siete meses desde que tomó posesión y, lejos de haber cambiado la tendencia, continúa al alza el número de crímenes violentos en el país. En 2019 se están rompiendo todos los récords de homicidios dolosos de los últimos 22 años.
Los muertos se van apilando. Ya no son los de Calderón o los de Peña. Ya son los de López Obrador. Por donde se vea, se trata de una desgracia. Con el agravante de que se van acumulando los años de una violencia que parece no tener solución.
De poco sirve, ya, echarle la culpa al pasado. Sin duda, es cierto que Calderónerró al declararle la guerra al crimen organizado en 2007 cuando el país estaba viviendo el año más tranquilo de la historia contemporánea, medido en homicidios dolosos por cada cien mil habitantes.
Sin duda, es cierto que Peña se equivocó al minimizar el problema de la inseguridad y continuar con la estrategia fallida de la militarización que, ya desde entonces, no funcionaba.
Toca ahora el turno a López Obrador. Su apuesta es a la continuidad. Más militarización con la creación de una Guardia Nacional que, supuestamente, sería una institución civil, pero en la práctica está resultando más castrense.
En términos policiacos hay, por lo menos, una propuesta. Sin embargo, el gobierno no ha presentado ni un solo proyecto de cómo mejorar las otras instituciones de seguridad pública: fiscales, jueces y cárceles.
A lo mejor los guardias nacionales resultan ser unas truchas para capturar criminales, pero no se va a resolver el problema si los fiscales no saben procesarlos, los jueces condenarlos y las cárceles rehabilitarlos.
La sociedad está harta de la violencia. Ya son muchos años de que los gobiernos han fracasado en proveer el bien público más importante de todos: la seguridad.
El nuevo gobierno de López Obrador tiene una agenda muy agresiva de cambio. Está prometiendo algo muy gordo: una transformación histórica del tamaño de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Ésa es la aspiración. Un cambio profundo, de raíz, del régimen. Nuevas estructuras políticas y maneras de relacionarse entre los políticos y la sociedad. Suena bien. Pero, para lograrlo, primero tienen que pacificar al país.
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No puede haber una Cuarta Transformación sin, primero, arreglar el problema de la inseguridad. ¿De qué sirve que los pobres tengan más dinero si pueden perderlo en un asalto? ¿Para qué estudiar una carrera universitaria si la estudiante puede acabar en la morgue porque la asesinaron? ¿Cuál es la utilidad de un gobierno austero si no puede resolver el secuestro de un ciudadano?
No habrá una gran transformación social mientras la sociedad se sienta vulnerable.
El presidente López Obrador a menudo habla del derecho que tenemos los mexicanos a ser felices. Pues, para tal efecto, habría que comenzar con lo más básico: que haya paz y concordia en los espacios públicos y privados. Hoy no la hay. Al revés: prevalece la violencia y el conflicto. Cada vez más homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, hurtos con arma, robos a casa habitación.
El problema de buscar una gran transformación en poco tiempo es que lanzan mil y una iniciativas de cambio.
Muchas cosas están sucediendo a la vez en este gobierno.
El Presidente tiene prisa. Va muy rápido. Pero esta ambición y rapidez es incompatible con un sentido de prioridad. Y, en este momento, el país sí tiene una prioridad: recuperar la seguridad pública.
Todo lo demás debería pasar a un segundo plano.
