Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con la que pretendía, para sus empleados, mantener los salarios de 2018, el seguro de gastos médicos mayores y separación individualizada.
Lo anterior en respuesta a la Ley de Remuneraciones —la cual establece que ningún servidor público debe ganar más que el Ejecutivo, o sea, 108 mil pesos—, pero para el máximo tribunal del país lo ya no viable mantener los sueldos del año pasado.
Para el INEGI el ser un órgano autónomo, y cumplir con sus tareas conferidas por mandato constitucional, eran motivos suficientes para mantener sus presupuesto anterior.
Pero fue el ministro Alberto Pérez Dayán, el que revirtió el alegato de dicho instituto, tomando como referencia el artículo 127 de la Constitución —donde se afirma que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República—.
En consecuencia el INEGI tuvo que cancelar 14 proyectos este 2019, pues de los 17 mil millones que solicitó, solo recibió 12 mil millones por parte de la Cámara de Diputados.
