Tabasco en llamas; ¡se pudre el Edén!

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El edén del sureste mexicano está en llamas.

Y no, no hablamos del incendio premeditado que acabó con casi medio centener de autobuses. Nos referimos al fuego político de la feroz disputa entre Arturo Núñez y Andrés Manuel López Obrador.

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Pero hay más. Lo cierto es que a pesar de un Tercer Informe que pretendió ser pulcro, nada oculta la crisis de inseguridad en Tabasco; crisis que se expresa, por ejemplo, en un centenar de ejecutados –por el crimen organizado–, entre enero y octubre de 2015; cifra entre las más altas del país.

El problema de fondo, sin embargo, es que el gobernador de cuño perredista abrió todos los frentes de conflicto a un tiempo y no son pocos los que creen que el incendio al transporte público es parte de las venganzas políticas. Pero la crisis viene de lejos.

Resulta que el 4 de noviembre los medios dieron cuenta de que Jorge Montaño Ventura, ex magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, se encontraba prófugo. ¿Por qué huyó?

Porque sobre Montaño Ventura existe una orden de aprehensión “por ejercicio indebido del servicio público y fraude” en la compra del edificio donde se instalarían las oficinas del Instituto Electoral de Tabasco (IEPCT).

En 2011, Ventura –entonces consejero electoral– y dos de sus colegas –Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, detenidos y luego exonerados– se encargaron de la compra de lo que sería nueva sede del IEPCT. Los consejeros avalaron la compra del inmueble por el que se pagaron 32 millones de pesos.

En 2014 la Contraloría Interna del IEPCT reportó que el edificio tenía severas fallas de estructura y que los tres consejeros habían autorizado un sobreprecio de doce millones de pesos.

Se realizó la investigación y los primeros en caer fueron los exconsejeros Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, detenidos el 10 de febrero de 2015. Montaño Ventura libró el arresto gracias al fuero que consiguió en octubre de 2014, cuando el Senado

de la República lo designó magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco.

Jorge Montaño ejerció como magistrado hasta octubre de 2015 cuando el escándalo se reactivó, a pesar de que los otrora consejeros Rodríguez Castro y Aguilar Alvarado, fueron exonerados en agosto.

Sin tener capacidades legales para ello, la bancada perredista en el Congreso local promovió juicio de desafuero contra el magistrado Montaño. El 15 de octubre la aplanadora amarilla concretó el golpe con 20 votos a favor.

Montaño salió del Tribunal Electoral como perseguido político del gobierno de Núñez quien, a través del PRD, urdieron una celada porque las decisiones de Montaño en el Tribunal echaron abajo el triunfo del perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa y toda su planilla en Villahermosa. El cochinero en ese municipio fue de tal magnitud que el Tribunal anuló la elección y le quitó la victoria al esbirro de Núñez.

El tribunal electoral también sancionó a la Coordinación de Comunicación Social por la transmisión ilegal de propaganda del gobierno en tiempo de veda.

¿Pero qué creen?

Resulta que Laires Carrera Pérez –presidente de Transbús, la empresa de los autobuses incendiados ayer–, es damnificado por la anulación del cochinero electoral en Villahermosa. Gracias a Núñez, Lairés fue candidato a regidor y operó del cochinero que sirvió para anular la elección.

Además, mediante un golpe de Estado Laires fue impuesto por Núñez al frente de Transbús, para desplazar a Salomé Cárdenas -pillo del gobierno de Andrés Granier–, quien finguó su muerte para cobrar una pensión a Pemex.

Ingobernabilidad en otro estado del PRD.

Al tiempo.

Tomado de El Universal