Un avance en la libertad

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En la LXIV Legislatura, la senadora Olga Sánchez Cordero se convirtió en la gran defensora de los derechos humanos y las libertades individuales, y ayer presentó la iniciativa para “La Regulación y Control de Cannabis”.

No se trata de legalizar las drogas, sino de dar un enfoque de salud pública que anteponga el derecho a la autodeterminación y la salud de los consumidores, y que trate a los ciudadanos como personas adultas capaces de decidir.

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En la justificación de la iniciativa se señala que “la Constitución no debería de imponer un ideal de excelencia humana; sino permitir que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás”.

Esta propuesta, que está muy completa, despenaliza el consumo de la cannabis y permitirá que queden libres muchos presos federales, porque de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 4 de cada 10 presos fueron detenidos por delitos de drogas con un valor por debajo de los 500 pesos.

La iniciativa propone la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tendrá la absoluta rectoría sobre este tema.

Deja claras las reglas para el autoconsumo con dos condicionantes: no sobrepasar la producción de 480 gramos por año y registrar sus plantas en el padrón anónimo del instituto.

La iniciativa cuenta únicamente con dos prohibiciones: regalar, donar, vender, distribuir o comerciar con los menores de edad o bien emplearlos en actividades de comercio, y conducir cualquier vehículo o manejar equipo y maquinaria peligrosa bajo el efecto del THC, que es el principal componente psicoactivo.

Para la aprobación de esta ley se contará con el voto de legisladores del PT, MC, PRD y quizá hasta algunos del PAN, pero el aliado en la coalición Juntos Haremos Historia, el PES, votará en contra.

Esta es una de las propuestas de la senadora Olga Sánchez Cordero que ya se concretó en una iniciativa; deseamos que las que buscan despenalizar el aborto, la muerte digna y los derechos de la comunidad LGBTTTI también se conviertan en realidad y se logre avanzar en las libertades individuales, a pesar de las presiones de quienes desean imponer sus creencias y formas de vida a los demás.

Se dan con todo

La recta final en la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que durará en el cargo los próximos tres años, está plagada de ataques.

Ayer la Barra Mexicana del Colegio de Abogados le dirigió una carta al actual presidente, Álvaro Augusto Pérez Juárez, en la que le señala que su participación en la contienda no procede, por lo que le solicitan “desista de su intención en beneficio de la normalidad constitucional del alto tribunal a su cargo”.

También ha sido muy criticado el magistrado Rafael Guerra Álvarez, por el posible conflicto de interés que tendría, ya que entre los votantes se encuentra su esposa, la magistrada Eva Verónica de Gyves, quien está en la terna para ser fiscal general de la República, y con el simple hecho de poner su voto dentro de la urna estaría violando el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal, al participar en un proceso de designación de su cónyuge.

Por fin mañana viernes llega a su fin este proceso, por lo que, a las 12:00 horas en punto, los 80 magistrados del Pleno votarán por alguno de los cinco aspirantes inscritos: Rosalba Guerrero Rodríguez, Celia Marín Sasaki, Rafael Guerra Álvarez, Manuel Díaz-Infante y Álvaro Pérez Juárez.