Por definición, la labor de todo gobierno, sin importar su nivel (municipal, estatal o federal) es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan su actuar.
Los gobiernos deben procurar que el marco legal que rige sus relaciones con la ciudadanía y el resto de las instituciones de orden público se aplique al pie de la letra en la vida cotidiana, con las únicas excepciones que la propia normatividad vigente señala.
Tal es lo que constituye una cuestión obligatoria para toda administración pública, de conformidad a los preceptos que establece la Teoría General del Estado y eso lo sabemos todos; incluso los ciudadanos de a pie.
No es necesario ser perito en derecho para tener conciencia de las obligaciones del estado, en cuanto la importancia de respetar la obligatoriedad del marco jurídico. Incluso un estudiante de bachillerato que curse la materia de Derecho Positivo, lo sabe.
Es extraño por tanto, que el cuerpo jurídico que asesora y apoya a las autoridades emanadas de la llamada cuarta transformación, no haga sensible a quienes integran las filas de las dependencias gubernamentales, de la trascendencia del apego a la legalidad.
Desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la titularidad del ejecutivo federal, en nuestro país se viene dando de manera recurrente el fenómeno del ninguneo y el desprecio por el marco legal en vigor.
Ejemplos tenemos a tutiplén: el nombramiento de director del Fondo de Cultura Económica, el del Fiscal anticorrupción, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la adquisición por adjudicación directa de las pipas, el nombramiento de la plaza de ministro vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un larguísimo etcétera, que llega casi a los ribetes descritos por la frase promocional que en años pasados utilizaban los sorteos correspondientes a los Pronósticos Deportivos: más lo que se acumule esta semana.
Tal parece que a los integrantes de las autoridades correspondientes a la autonombrada cuarta transformación, cumplir la ley les tiene sin cuidado, sobre todo, cuando esto se contrapone a los deseos del líder supremo.
Tal parece que la cuarta transformación pretende un marco legal a modo, tan elástico, que se pueda modificar a conveniencia, para no contrariar la voluntad del máximo tlatoani.
Pero violar la ley de manera sistemática, entraña graves riesgos. Enseñar a la ciudadanía a ignorar las normas y a pasar encima de ellas, cuando no se ajustan a su conveniencia, puede ser el germen de serios conflictos legales, sociales y políticos.
Las autoridades no van a tener autoridad moral para imponer correctivos y sanciones a quienes transgredan la ley, si son las primeras en vulnerarla y si enseñan a desentenderse de ella.
Nos preguntamos si en el gobierno federal en funciones no hay voces sensatas, que pugnen por el imperio de las disposiciones de carácter jurídico.
Nos preguntamos si debemos perder toda esperanza de que el nuevo gobierno se respete y haga respetar las normas que rigen la convivencia pacífica y ordenada de nuestro entramado social.
Porque si así fuera, que no se quejen cuando la población mexicana recurra a medidas extralegales, supralegales o de franca ilegalidad, para conseguir sus objetivos, con los consecuentes perjuicios para los demás; y por añadidura, para toda actividad de carácter productivo.
Subrayamos, las consecuencias de no dar cumplimiento a la ley, pueden ser gravísimas y todos podemos arrepentirnos de no haber reclamado su aplicación.
Ante un panorama de anarquía, la situación económica, política y social pueden deteriorarse a pasos agigantados y de manera francamente irreversible y todos, absolutamente todos, lo lamentaremos y pagaremos las consecuencias.
No digan luego que nadie se los dijo…
Dios, Patria y Libertad
