En las próximas horas se conocerán los nombramientos de los mandos de la Guardia Nacional, el principal instrumento de seguridad en la estrategia del gobierno federal. Como hemos dicho muchas veces, la nueva institución es una instancia que puede ser positiva en la lucha contra la inseguridad, aunque la estrategia deberá ir mucho más allá de la creación de la misma.
La Guardia Nacional es, en los hechos, una institución civil, formada en su gran mayoría por militares, provenientes de la policía militar y la naval, además de los elementos que se incorporarán de la Policía Federal. En los últimos días ha habido una intensa presión para que quien esté al mando de la Guardia Nacional no sea un militar en activo, como adelantó el presidente López Obrador, y para que su mando directo recaiga en un civil.
Sé que es políticamente incorrecto decirlo con todas las letras, pero creo que es un error: el mando de la Guardia Nacional, hasta que ésta se consolide y tome forma como tal, debe ser un militar, debe ser alguien que sea respetado y obedecido por los militares que le darán origen a ese cuerpo de seguridad, alguien que les transmita su disciplina y capacidad de operación, incluso que comparta plenamente los valores que tendrán sus integrantes.
Formar un cuerpo de seguridad nuevo, con miles de elementos de distinto origen, es una tarea titánica. La Guardia Nacional, si bien será civil, porque es parte de la secretaría de seguridad, que encabeza Alfonso Durazo, tiene que tener un mando militar por la sencilla razón de que sus miembros tendrán ese origen. Es una razón operativa, pero también de formación y disciplina. Desde ese origen se tiene que desarrollar, integrar y operar y en la medida que se logre revertir la gravísima situación de inseguridad que hoy vivimos, podrán ir transformándose sus mandos e incluso su estructura. Pero partimos de una situación de emergencia, no es tiempo de improvisar sin atender las exigencias actuales.
Si ésas son razones eminentemente prácticas por las cuales la Guardia Nacional debe tener un mando de origen militar, mucho peores son los argumentos que descalifican a cualquier militar en actividad por su origen y, peor aún, porque consideran que se violarían los derechos humanos. Comencemos por lo segundo: más allá de que en la campaña electoral, algunos grupos insistieron en las violaciones a derechos humanos, supuestamente cometidas por militares, lo cierto es que los hechos demuestran exactamente lo contrario. Mientras las fuerzas armadas han tenido miles (en ocasiones hasta 30 mil) elementos distribuidos en todo el territorio nacional durante más de una década para atender los desafíos de la seguridad interior, las denuncias reales de violaciones a derechos humanos han disminuido año con año y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) siempre han atendido las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el caso Ayotzinapa, como hemos insistido con toda la documentación vigente sobre el caso (ver el libro La Noche de Iguala, Cal y Arena, 2018) no existe prueba alguna que indique una participación militar en la desaparición de los jóvenes de la normal. Además, la Sedena y la Semar tienen, desde hace años, departamentos de derechos humanos con programas para todos sus elementos, como no los tiene ninguna otra área civil de seguridad.
Se ignora que cuando se habla de un general en activo se está hablando de un profesional con una carrera de cuarenta años de formación y evaluación constante, desde su ingreso como cadete. De hombres y, más temprano que tarde, también de mujeres, que ingresan desde preadolescentes y ascienden paso a paso en el escalafón con base en méritos y en ningún caso, a diferencia de otros ejércitos latinoamericanos, de su condición social y origen económico.
Un cadete está en la escuela militar cuatro años, alcanza el grado de subteniente a los seis años, de teniente a los nueve, de capitán a los quince, de mayor a los 19 años de servicio, teniente coronel a los 23, coronel a los 27, general brigadier a los 31 años y general de brigada a los 35 años de servicio.
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¿Cuántos servidores públicos de cualquier área pueden presumir de una carrera tan intensa y basada exclusivamente en la meritocracia?
Seamos serios por una vez en el ámbito de la seguridad. Ya la lucha partidaria ha arruinado otros esfuerzos e iniciativas, válidas en su momento. La Guardia Nacional debe ser parte de la Secretaría de Seguridad, pero en su creación y sus primeros años de desarrollo debe tener un mando militar porque de allí provienen sus integrantes y sobre esos principios debe construirse. Aunque sea políticamente incorrecto subrayarlo.
