El ayuntamiento de Los Cabos, en Baja California Sur, parece una mala copia de la Venezuela de Nicolás Maduro. Y es que los funcionarios y regidores del Ayuntamiento tendrían prohibido hablar con la prensa de “cualquier cosa pública”.
Según dicen los propios funcionarios, atrás de esta grosera “Ley Mordaza” estaría el presidente municipal panista Arturo de la Rosa Escalante, quien dicho sea de paso, se formó en las filas del PRD.
De acuerdo con las declaraciones de algunos funcionarios, ningún medio local, estatal o nacional tiene autorización de entrevistar a los trabajadores de esa administración a menos que soliciten las entrevistas –o la información– a través de la unidad de Comunicación Social que encabeza José Manuel Santoyo García.
En entrevista para La Otra Opinión, el IX regidor priista de Los Cabos, Jesús Flores Romero, señaló que se enteró de esta situación por las declaraciones de la directora municipal de Ingresos, Rebeca Espinoza Aguilar.
Anteriormente, Espinoza Aguilar declaró a La Crónica: “Tenemos prohibido hablar con ustedes, nos han dicho que es preferible que sea a través de comunicación, que si quieren algún tipo de información nosotros se las pasemos a ellos y ellos se las proporcionan”. Además, según Flores Romero, el gobierno de Los Cabos buscaría que la información se concentre en el área de Comunicación Social.
A su vez, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Alberto González Rivera, dijo a medios de comunicación, “No puedo darte ninguna información, lo tengo prohibido por órdenes del alcalde”.
No está de más recordar que el alcalde de la Rosa Escalante fijó como uno de los compromisos más importantes en su administración la transparencia. No obstante, este pequeño Nicolás Maduro intentaría cerrar la boca a los servidores públicos del “municipio de puertas abiertas” del que tanto presume.
Acaso lo más cuestionable es que, de acuerdo con periodistas de la entidad, el director de Comunicación Social del municipio “es difícil de encontrar”. Prueba de ello es que en este espacio buscamos una entrevista con Santoyo pero el director nunca estuvo disponible y su equipo no regresó la llamada.
Por eso preguntamos, ¿por qué monopolizar la información? ¿qué esconden?
Sobra recordar que las entidades gubernamentales y de interés público tienen la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información pública –con excepción de información clasificada como reservada o confidencial–, por eso insistimos, ¿por qué callar a los funcionarios? ¿acaso no tienen la capacidad de ejercer ni de responder a los cuestionamientos básicos? ¿existen, acaso, montos de obras públicas adquisiciones, arrendamientos, licitaciones que no se quieren dar a conocer? ¿por qué en la página electrónica del municipio no aparece la información financiera generada y que trimestralmente debe darse a conocer? ¿se informará del fideicomiso que recientemente firmó el ayuntamiento para operar las plantas de tratamiento que generarán nuevos ingresos al municipio?
Al parecer la información pública en Los Cabos se dará a conocer a cuentagotas a los medios de comunicación. En este esquema, la información pública será pública sólo cuando se convoque a conferencias de prensa.
¿Será que la administración panista sólo hablará con sus cuates? ¿será que el alcalde planea informar sólo lo que quiere, como quiere y cuando quiere? ¿o será, simplemente, que la administración panista busca hacer efectivo el gasto en Comunicación Social?
Por cierto, el regidor priista denunció que el actual regidor de Los Cabos es el resultado de una simbiosis camaleónica entre el PAN y el PRD. Jesús Flores advirtió que no se han visto cambios en los 17 años que el partido amarillo ha controlado la entidad.
Acaso por eso, en palabras de Flores Romero, el 50 por ciento de los funcionarios actuales laboraron en administraciones pasadas.
