El mensaje de Alejandro Gutiérrez entró en mi WhatsApp el pasado 29 de septiembre a la 1:27 AM. La hora y el remitente afianzaron mi insomnio. El mensaje que envió y la conversación que sostuvimos, posteriormente, me dejaron reflexiones respecto a lo que ocurre con la justicia en este país, donde se es culpable hasta la prueba de inocencia.
Pero también de lo fácil que es llevarte el aplauso de la tribuna cuando dices que combates la corrupción, aun cuando no tienes pruebas, y te apoyas en dichos.
Lo primero que el otrora secretario general adjunto del PRI me dijo, ya fuera de la cárcel, es que se sentía “muy cansado” y sorprendido por lo que se vive en el país.
Pasó más de 9 meses encerrado en una cárcel de Chihuahua, lapso en el que vivió, según sus palabras, “una película de terror que se tiene que conocer algún día”.
A Alejandro lo acusaron de peculado, cuando ni funcionario era. Un presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en el 2016.
Lo detuvieron en su natal Coahuila. En todo este tiempo, la Fiscalía de Chihuahua no presentó una sola prueba de sus acusaciones. Sí, leyó usted bien, ni una sola prueba.
Tampoco se demostró ningún vínculo con los otros dos imputados, empleados del exgobernador César Duarte, quienes, supuestamente, participaron en ese desvío de recursos. La primera vez que los vio fue en la cárcel.
Bastó la declaración de un “testigo protegido” para que, literalmente, lo secuestraran ministeriales de Chihuahua en su tierra, Coahuila, en diciembre de 2017.
Fue una detención ilegal. No existe registro de la participación de corporaciones federales o del propio estado natal de Alejandro, como lo exige la Ley.
“Eso lo convierte en privación ilegal de la libertad, equiparable a un secuestro”. De pasada le robaron su automóvil y bienes personales. Hay denuncia por robo agravado.
La pesadilla que todavía no termina —lleva una tobillera electrónica para evitar que salga de Chihuahua— nos la detalló en una llamada telefónica realizada ese mismo sábado, pero al mediodía.
Cuenta: “En la llegada a Chihuahua intentaron obligarme a que firmara una declaración, que imputaba a otras personas, con amenazas que llegaron a ser de muerte.
“Está documentado en la PGR, porque de allí se derivó levantar una denuncia. Hay, inclusive, videos que la PGR sustrajo del penal de Chihuahua”, dijo.
Le pedimos que abundara en lo que vivió durante su encierro:
Los primeros 70 días lo mantuvieron incomunicado en una pequeña celda, las ventanas cubiertas la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente, las abrían, le permitían leer un libro y recibir visitas familiares.
“Todas las noches me daban la oportunidad de caminar para poder mover el cuerpo durante 20 minutos, lo que llevó a presentar una denuncia por tortura sicológica ante la CNDH.
“Llegaban a citar a audiencias, por parte del juez local, 10 minutos antes de su realización y el traslado lo hacía el propio personal de la Fiscalía o el del Cereso, sin dar oportunidad a que los abogados defensores pudieran arribar al lugar”.
El propio juez intentaba designar a un “defensor de oficio” , pero Gutiérrez se negó a aceptarlo.
“Cuando se iba a llevar a cabo una audiencia federal, daban la orden desde la Fiscalía para activar el Código Negro”.
¿Y qué es el Código Negro? Que nadie podía entrar o salir del propio Cereso.
Se cortaba la luz y el agua para que no se llevaran a cabo las audiencias. No había comunicación telefónica. Esto propiciaba la alteración de los más de tres mil internos con riesgos de motines que se hicieron realidad
“Es sorprendente la capacidad de (Javier) Corral para ocultar la verdad cuando el fiscal (César Peniche) llamaba “un pequeño conflicto entre pandillas que se controló en cinco minutos”, a lo que en realidad era un motín que duraba horas, en medio de disparos con algunos muertos y decenas de heridos graves.
Alejandro jura que antes de estos eventos ingresaban al penal grupos de personas vestidas de civil, pertenecientes a la Fiscalía.
Ya en plena refriega “se podían ver internos totalmente desnudos, bañados en sangre, los huesos expuestos”.
“La tortura en la Fiscalía es cosa de todos los días, con fabricación de culpables hasta compra de tarjetas para aparentar que resolvieron algún delito de alto impacto.
“Es su mayoría, el Poder Judicial del estado y algunos jueces federales tienen una interdependencia directa con Corral y con el propio gobierno (de Chihuahua)”.
Gutiérrez es rentable a las aspiraciones político-electorales de Corral. Por eso se aferra a mantenerlo tras las rejas. Una y otra vez se negó a entregarlo a la justicia federal.
El gobernador hizo, incluso, un anuncio espectacular: el descubrimiento de un plan, supuestamente, promovido por Peña Nieto, para desviar recursos a favor del PRI. Lo llamó Zafiro.
Luego de precisar que Safiro con “S” y no con “Z”, Alejandro nos dijo que el plan existe. Es un software para tener localizado el padrón de militantes y promotores del PRI. Y fue desarrollado por jóvenes del Tec de Monterrey.
Contó otras cosas. Las iremos desahogando poco a poco.
- Ernesto Ruffo está en rebeldía. Es una de las cabezas del llamado Grupo Insurgente del PAN que se forma alrededor de Manuel Gómez Morin, nieto del fundador del PAN, aspirante a la presidencia nacional de ese partido.
Los “insurgentes del PAN” van contra las estructuras de ese partido controladas por los anayistas, pero también por los gobernadores “representados por Héctor Larios”.
Quien fuera el primer gobernador de oposición que hubo en el país —1989, en Baja California— dice que si Marko Cortés gana la presidencia del PAN, nunca le va a levantar la mano.
“No voy a reconocer a un operador de moches”, acusa.
¿Se prolonga la destructiva guerra fratricida en el azul?
