Las expectativas sobre la economía mexicana se van alineando alrededor del cero. Décimas más o menos, estamos estancados y así seguiremos. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, el estancamiento es resultado del desplome de la inversión, que no se puede contrarrestar con otras fuentes de demanda. De hecho, si no fuese porque consumo y exportaciones sí crecen, entonces lo que tendríamos sería una contracción.
Y es importante recordar eso, porque es más probable que dejen de crecer estas dos a que la inversión se recupere. Por un lado, los inversionistas extranjeros están esperando a ver con qué reglas funcionará el comercio con Estados Unidos, que es el más importante que tenemos. Aunque NAFTA funciona bien, y el T-MEC no representa muchos cambios profundos, con los que tiene es más que suficiente para tener que esperar. Éste es un caso claro de lo que dice la canción, mata más la duda que el desengaño. Es posible que la aprobación se posponga hasta 2021.
Sin embargo, a esa fuente de incertidumbre se sumó la actitud del nuevo gobierno, ejemplificada con la cancelación del NAIM. A partir de entonces, la inversión privada empieza a frenarse, y a últimos meses sufre una caída muy seria.
No creo que pueda modificarse la percepción interna porque no se trató sólo del NAIM, sino también de revertir la reforma educativa, obstaculizar la energética y proponer cambios en reglas que van en sentido opuesto a lo que hemos hecho desde inicios de los noventa. En lugar de reducir la discrecionalidad, lo que hoy se legisla la amplía. Luis Rubio listaba tres ejemplos en su colaboración del domingo: la ley de extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa y las modificaciones en el tema fiscal. En todos los casos, se amplía el poder del Estado y se reducen los mecanismos de defensa de los ciudadanos. Se puede argumentar que se trata de reducir con ello el poder de los cárteles, los delitos o la evasión fiscal, pero la manera en que quedan las leyes (o iniciativas) regresa a los viejos tiempos en los que un funcionario tiene el poder discrecional de terminar con la libertad de una persona. Y eso vale mucho, es fuente de corrupción. Por eso México se convirtió en un país profundamente corrupto bajo el régimen de la Revolución, por la discrecionalidad de las leyes.
Al igual que Luis, ignoro si se trata de un programa destructivo de parte de quienes gobiernan, o si es tan sólo resultado de esa forma de legislar que ameritó una mentada de madre de parte de Porfirio a sus compañeros diputados. Lo que sí es claro es que destruyen la confianza, y, por lo tanto, imposibilitan cualquier recuperación de la inversión. Si el T-MEC se pospone hasta 2021, entonces entramos a lo que Carlos Urzúa, secretario de Hacienda hasta hace poco, ha escrito durante tres semanas: nubarrones económicos. En opinión del exsecretario, para ese año sería indispensable una reforma fiscal profunda.
Lo pongo más claro. Las acciones del gobierno no sólo han estancado la economía, y nos han hecho más vulnerables al exterior, sino que también han comprometido el futuro al reducir el abasto de energía y la formación de capital físico y humano. Además, han debilitado seriamente las capacidades operativas de la administración pública, como se evidencia en los desabastos (combustibles, medicinas), la reversión de la política social (ahora sin reglas), y la posición de México en el mundo.
El daño causado hasta hoy ya exige varios años para revertirse (piense en la reforma educativa, la confianza para invertir o el costo fiscal de Pemex). Para 2021, serán décadas las que se requieran. Y no puede hacerse nada hasta entonces, si acaso.
