Después de 40 días políticamente frenéticos y cuando aún faltan casi cuatro meses para su toma de posesión, se pueden sacar algunas conclusiones sobre la forma en que piensa ejercer el poder Andrés Manuel López Obrador, que el próximo miércoles será declarado, formalmente, presidente electo. Con esa declaratoria del TEPJF iniciará la transición gubernamental que comenzó, en los hechos, prácticamente desde el dos de julio pasado.
Un primer punto, que no es menor, es que López Obrador tiene el beneplácito de los principales socios comerciales de México: tanto en Estados Unidos como en Canadá están satisfechos con el triunfo del candidato de Morena y lo ven, en la Unión Americana, por una parte, como alguien que comparte valores del nacionalismo económico de Trump al tiempo que sectores demócratas lo ven cercano al considerarlo progresista. Esta última sensación priva también en los ámbitos del gobierno de Canadá. Son impresiones en sí mismas contradictorias, pero que, más allá de eso, demuestran que en ese campo las expectativas son altas y positivas y se pueden fortalecer si se logra terminar este mismo mes la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por cierto, la llegada de Seade y su gente al equipo negociador que encabeza Ildefonso Guajardo no ha sido tan tersa como se ha dicho. A veces, algunos de los futuros funcionarios de la administración de López Obrador no terminan de comprender que le faltan 115 días para asumir formalmente el poder.
Otra fuerte definición de López Obrador han sido los nombramientos en el área energética que han desconcertado a muchos: Rocío Nahle como secretaria de energía, Octavio Romero en Pemex y, sobre todo, Manuel Bartlett en la CFE, no han sido bien recibidos por el sector empresarial, pero sus designaciones son también una demostración de que esos acuerdos con la iniciativa privada, López Obrador los quiere ejercer colocando a los suyos en las posiciones protagónicas. Bartlett ha sido el más criticado, pero paradójicamente, más allá de los temas derivados de los comicios del 88, sin duda es de todo ese equipo el más preparado: ha sido a lo largo de su vida política casi todo, antes, durante y después del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No estoy de acuerdo con algunas de las posiciones en el ámbito energético de Bartlett (menos aún con las de Nahle o Romero, mucho más viscerales en su visión del sector), pero sin duda Bartlett representa en éste y en muchos otros ámbitos lo que se votó el primero de julio. Nadie puede llamarse a engaño. Con todo se debe insistir en un punto: se puede criticar por muchas razones a Bartlett, pero no por falta de capacidad o de preparación.
Esto se relaciona con otro tema que está asomando a la superficie. Hasta ahora, Andrés Manuel ha recurrido mucho y públicamente a su ala moderada. Han sido ellos (Ebrard, Scherer, Romo, Urzúa, Moctezuma, Monreal, entre otros) sus principales operadores a la hora de generar expectativas positivas y confianza. Pero existe un grueso de militantes de Morena y de otros grupos que mantienen posturas mucho más radicales. Darles juego implica poner en riesgo esa sensación de estabilidad y confianza, pero también son los que se han jugado durante años con Andrés Manuel y no pueden ser ignorados. Lo ocurrido en el sector energético es un guiño a esas corrientes que habrá que ver hasta qué punto se transforman en políticas públicas.
Entre las promesas que no podrán ser cumplidas sin generar costos enormes, está el de la descentralización de la administración pública. Cada día que pasa se ve que no tiene sentido, que generará malestar en millones de familias y desestabilizará al poder e incluso a los estados al que llegarán las nuevas delegaciones. No hay una sola entidad del país que haya mostrado beneplácito con esa medida y mucho menos lo han hecho sus habitantes, sumándole a ello que en muchos casos la gente que se plantea llevar como empleados de las distintas dependencias son equivalentes a un alto porcentaje de las poblaciones donde se les propone asentarse. Es una medida sin sentido, que ha sido junto con el tema salarial, a los que mayores problemas adelantados le ha generado a López Obrador.
Que el presidente decida reducir su salario es una medida que ha sido bien recibida, pero colocar una barrera en los 108 mil pesos, incluyendo a toda la administración pública, tampoco tiene sentido, menos aún si se quitan los demás incentivos laborales. Un embajador, por ejemplo, no puede vivir con eso y mucho menos pagar sus traslados de menaje de casa, o las tareas de relaciones públicas inherentes al cargo. Tampoco trabajarán por 40 o 50 mil pesos especialistas en temas médicos, financieros, comerciales, administrativos, entre otros, salvo que estén comenzando su carrera o que tengan resuelta su vida privada. Su futuro en la iniciativa privada es mucho más atrayente en términos profesionales y económicos. Debe ser una medida donde debe haber mucha flexibilidad y sobre todo sentido común.
Queda pendiente otro tema que es central: la seguridad. Lo que está ocurriendo en estos días, sobre todo en estados tan desgobernados como Chihuahua, es una demostración de que el crimen organizado no está en la dinámica de dar tregua alguna: lo que quieren es una declinación total del Estado, algo que ni López Obrador ni nadie puede darles.
