Algunos expertos empezaron a hacerse la pregunta que da título a este artículo, a propósito del límite autoimpuesto por los gobiernos de México y Estados Unidos, al que quieren empujar a Canadá.
La única explicación plausible de la fecha tiene que ver con los tiempos políticos en México.
Se sabe que, para poder firmar el Tratado, por las reglas legislativas en EU, se requiere un plazo de 90 días después de que el titular de la USTR, Robert Lighthizer, haya notificado al Congreso que se obtuvo un acuerdo.
Si la notificación se realiza mañana a más tardar, la firma del Tratado podría realizarse el 30 de noviembre próximo.
Es decir, se daría durante la administración del presidente Enrique Peña.
Pero, ¿qué pasa si Canadá no accede rápidamente a sumarse a lo negociado por México y EU? Diversos funcionarios del gobierno de Trump han insistido en que aun en ese caso notificarán al Congreso el término de la negociación y firmarían un Tratado con México.
Ya muchos congresistas han advertido que no se vale que se haya autorizado al gobierno de Trump la renegociación de un acuerdo trilateral y que salga con un convenio bilateral.
No podría procesarlo el Congreso.
Peor aún, si Trump insistiera en el tema, a pesar del rechazo del Congreso, tendría que invocar la cláusula 2205 y salir del Tratado seis meses después, en marzo de 2019. Se tendría que negociar pronto un tratado bilateral para que, al acabarse el TLCAN, hubiera un reemplazo cercano.
De cualquier manera, se abriría un nuevo periodo de incertidumbre, que se agravaría si Trump no conserva la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que hoy es el escenario más plausible.
Lo óptimo sería que el Tratado salga mañana, con la anuencia de Canadá. Pero, si no es así, entonces lo más adecuado es que continúe la negociación con Canadá en septiembre.
Si el propósito es que el Congreso actual de EU reciba el documento antes de que se instale la nueva legislatura tras la elección de noviembre, sin problema podría extenderse la renegociación hasta septiembre.
Lo importante es tener un documento sólido, suscrito por las tres partes, que no tenga objeción en el Congreso y que eventualmente pueda ser ratificado por una Cámara de Representantes con mayoría demócrata, aunque el documento final no necesariamente tenga que ser suscrito por los representantes del actual gobierno.
Si hubiera una diferencia de fondo y existiera el riesgo de que el gobierno de AMLO no quisiera suscribir el nuevo Tratado, tal vez se justificaría tener como fecha límite el 30 de noviembre. Pero no es así.
No vayamos a poner en riesgo todo el esfuerzo de más de un año por el afán de terminar esta semana.
El reconocimiento a los negociadores y al gobierno del presidente Peña tendrá que darse, se trate de un acuerdo suscrito con ellos o por el siguiente gobierno.
Lo que debe estar claro es que la prioridad debe ser no arriesgarse a que el Congreso de EU rechace el acuerdo. Eso debe estar por encima de cualquier aspiración a colgarse las medallas.
El cambio de gobierno en México traerá consigo suficientes incertidumbres como para sumar otras más. Y mucho peor si se trata de un asunto de aspiración política.
