Como se viene comentando desde este martes, el memorándum que firmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para suspender la Reforma Educativa, aprobada el sexenio pasado, fácilmente se puede impugnar, ya que no cuenta con sustento jurídico.
Así lo señaló el ministro en retiro, José Ramón Cossío, que de acuerdo con el Artículo 16 de la Constitución “todo acto de acto de autoridad debe estar fundado, motivado y ser emitido por una autoridad competente”.
Y agregó, que dicho documento “es autorreferente”.
Asimismo, especialistas en Derecho Constitucional, señalaron que “los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les ordena o permite, por tal motivo deben fundamentar sus actos de autoridad en la Carta Magna o en las leyes vigentes”.
De acuerdo con Raúl Mejía Garza, ex secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e investigador del CIDE, “al no ser un instrumento de gobierno del Ejecutivo, técnicamente es fácil impugnarlo; aunque políticamente es complicado, porque requiere que los afectados de dicha orden inicien una controversia constitucional”.
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“El documento carece de validez jurídica, no tiene ningún sustento. El presidente pide que no se cumpla la ley. Hasta que el Congreso no apruebe la reforma la derogar la actual ley educativa sigue siendo un derecho constitucional vigente”, sostuvo Francisco Burgoa, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por su parte, Alma Maldonado, investigadora en educación del Cinvestav, calificó la acción del político tabasqueño como una “tomada de pelo”; ya que “este memorándum es una ocurrencia y quisiéramos saber quién asesoró al presidente. Se nota que está reconociendo que su gobierno no pudo impulsar una reforma que pareciera más o menos amarrada y consensuada”.
En definitiva, López cometió uno de los mayores errores en lo que va de su gobierno, sobre todo, demostró desconocimiento de la ley y unilateralidad.
