El Gobierno de Tabasco ha generado mucha polémica con la presentación de la iniciativa de la Ley Garrote la cual contempla encarcelar a quien se manifieste, marche o bloquee lugares públicos con penas que van de los 10 a los 20 años, misma que además es apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, legisladores de la oposición como la priista Ingrid Rosas afirman que con dicha iniciativa se “inhiben los derechos de los ciudadanos pues convierte en delincuentes a todos aquellos que se atrevan a recular por sus derechos”.
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Pese a que fue rechazada, la Ley Garrote, como fue denominada por los opositores, fue utilizada recientemente a madres de familia y estudiantes quienes protestaron para pedir más espacios públicos en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco a los cuales elementos policiales sometieron de manera violenta.
Hasta los servidores públicos que quieran protestar podría ser sancionado con esta ley.
