Tras la polémica que se desató con la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, dos altos funcionarios del gobierno, Ricardo Peralta, actual subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes, director de la Aduana en Mexicali, fueron acusados de intento de soborno por un millón de dólares.
Fue el 31 de mayo pasado, cuando el presidente del Congreso, Benjamín Gómez Macías y el candidato priista a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, denunciaron que Peralta les “ofreció cargos públicos y hasta un millón de dólares” para que modificaran el tiempo de la gubernatura antes de las eleccion es del 2 de junio.
El dinero, dijo el diputado priista, se lo ofrecieron a cambio de organizar a un grupo de legisladores estatales eliminaran el artículo 8 transitorio de la Ley Electoral del Estado que ordena, por única ocasión, que el periodo para el siguiente gobernador será de dos años.
La votación se dio el lunes 8 de julio por la noche; los diputados del PAN, PRI, PRD, PT, CM y Morena, depositaron su voto a favor de la reforma inconstitucional que favorece al morenista. A la par, el saliente gobernador panista, “Kiko” Vega recibió un regalo transexenal, pues uno de sus cercanos, pasó a ser Auditor Superior del estado, Carlos Montejo. Es decir, tres años más para Bonilla y un “cuidador” para Kiko.
Además, en ese entramado de negociaciones salió electo primer magistrado anticorrupción de Baja California, el abogado Iván José Curiel Villaseñor, cercano a los diputados priistas Bernardo Padilla y Alejandro Arregui.
En este punto es importante recordar que Baja California es la única entidad del país en donde el PAN gobernó de manera consecutiva 30 años.
Entonces ¿Por qué entregar en charola de plata la ampliación del mandato al gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez? ¿Qué pretende ocultar “Kiko” Vega? ¿Es lo del soborno para reformar la ley?
