La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido puesta a prueba durante esta semana, primero con el asesinato de policías estatales en Aguililla, Michoacán; después con el enfrentamiento entre autoridades y civiles en Iguala, Guerrero, pero la gota que derramó el vaso fue la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del célebre Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Y es que en 2015, cuando fungía como oposición, el ahora mandatario pidió la renuncia de todo el gabinete de seguridad del entonces presidente Enrique Peña Nieto por la fuga de Guzmán Loera pues, según él, en caso contrario daría a entender la complicidad entre Estado y crimen organizado.
Ahora, curiosamente, el gobierno obradorista afirma que no existe ningún vínculo con la familia de “El Chapo” y “El Ratón”, como también es conocido Ovidio Guzmán, aunque para ellos fue mejor liberarlo a causar una masacre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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Lo que en verdad deberá cuestionarse es la pasividad, la ineficacia, la ignorancia, el miedo y el desinterés de las autoridades, sobre todo del titular del Ejecutivo, para combatir a uno de los más grandes problemas del país, incluso con todo y sus críticas al gobierno del expresidente Felipe Calderón y con la creación de su Guardia Nacional.
