Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, no todas la bancadas estuvieron de acuerdo con la distribución de los recursos públicos, pero Morena sacó provecho de su “aplanadora” e impulsó este proyecto.
Sin embargo, se contempla que una buena parte del presupuesto se use para los programas de transferencias y subsidios, específicamente 64 por ciento del total, es decir 402 mil millones de pesos, el detalle aquí es que este tipo de asignaciones no están obligadas a contar con Reglas de Operación (ROP).
En ese sentido, varias organizaciones de la sociedad civil –entre las que destacan México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo de México Unido contra la Delincuencia– le enviaron una carta al presidente Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que establezca el mecanismo de transparencia antes mencionado.
Dentro de la misiva las organizaciones le remarcaron al legislador que el Presupuesto de Egresos del año entrante debe debe cumplir con lo estipulado en el artículo 134 constitucional, el cual mandata que el gobierno debe ejercer de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada de los recursos de los mexicanos.
“Sin ROP no es factible que los programas gasten presupuesto cumpliendo con los citados principios constitucionales, pues se entorpece la planeación de sus actividades y su operación. En su ausencia, no es posible garantizar el trato justo y equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios; la perspectiva de género y regional, el registro de sus beneficiarios y operación; su auditoría y rendición de cuentas, así como la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados, entre otros factores. Además, un programa sin este tipo de reglas es más susceptible de ser usado de forma discrecional o política, por encima del bienestar social”, expresaron las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, recomendaron seguir la misma línea de aquellos programas que sí cuentan con las ROP, pues por ley, en estos se lleva a cabo una evaluación de resultados. Y todo parece indicar que esa sería la única forma de saber si el programa social está logrando sus objetivos o no.
“Tras expresar estas preocupaciones, le pedimos atentamente a la Cámara de Diputados, y en especial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que usted preside, que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales (artículo 77 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) incluya en el Presupuesto de Egresos 2020 la obligación de que todos los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población se encuentren sujetos a Reglas de Operación”, agrega el escrito.
Esta acción de México Evalúa, y compañía, es encomiable, ya que tratan de prevenir futuros casos de corrupción, que se puedan presentar con el uso de recursos públicos. En consecuencia es necesario que la transparencia, la rendición de cuentas, la auditoría y la corroboración del desempeño contribuyan a evitar dicho ilícito.
“Es indispensable que las autoridades establezcan los arreglos institucionales necesarios para establecer estos controles, atendiendo a un principio básico de corresponsabilidad con los ciudadanos. Y es que las medidas fiscales impulsadas recientemente para aumentar la recaudación exigen mayor compromiso de los contribuyentes. Como mínimo, el gobierno también debe comprometerse a gastar mejor los recursos públicos”, concluyen.
Dado que es una cantidad exorbitante de dinero la que se va a destinar a programas sociales que no tienen la obligación de contar con Reglas de Operación –y el próximo año habrá elecciones–, los legisladores no deben soslayar estas recomendaciones de la sociedad civil, pues de lo contrario se podrían presentar casos de desvíos de recursos inéditos.
Con información de México Evalúa.
