Uno de los pasos claves del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atacar financieramente al crimen organizado implica la centralización del control del gasto en las dependencias, el fortalecimiento de instancias de fiscalización, nuevas leyes y el combate a la corrupción.
De acuerdo al Plan Anticorrupción y de Austeridad de López Obrador, muchos de los delitos graves del narcotráfico ocurren gracias a la complicidad de funcionarios públicos, por lo que entre otras medidas que planteó el gobierno para acabar con las prácticas corruptas son:
- Prohibir las adjudicaciones directas
- Incentivar la investigación y clausura de las empresas fantasma
- Hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos
- Eliminar el fuero de altos funcionarios
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Sin embargo, al parecer Obrador no ha respetado ni sus propias reglas, pues hay que recordar que el gobierno del tabasqueño ha adjudicado de manera directa 74.3 por ciento de los contratos registrados en Compranet, de acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Mientras que el presidente no negó tales actos, y sólo señaló que su gobierno ha incurrido a las adjudicaciones directas en la mayoría de sus contratos, debido a que así se procura cuidar a qué empresas se contratan y evitar la corrupción.
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Por otro lado, a pesar de que López Obrador juro que se acabarían los bonos y todo tipo de prestaciones en su gobierno, la Secretaría de Hacienda confirmó este lunes que siguen vigentes recursos para consentir a los empleados federales donde tanto como Presidencia, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Relaciones Exteriores, así como la misma Secretaría de Hacienda, han gastado millones de pesos en bonos extras para sus empleados.
